La ONU denuncia la expansión de las bandas en Haití, donde la violencia causó 5.500 muertos en 10 meses
La bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonito, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Así lo advirtió este martes un nuevo informe sobre la situación en ese país a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en rueda de prensa por su portavoz Marta Hurtado.
Según el informe, las bandas han conseguido fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas que sostienen y financian sus operaciones.
Pérdidas humanas por la violencia de las bandas de Haití
La violencia de bandas fue responsable de 1.424 muertes y 790 heridos en el periodo comprendido en el informe, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad contra ellas causaron al menos 3.497 muertes y 1.742 heridos, incluidos 247 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Para esas operaciones, el Gobierno haitiano habría contratado desde marzo de 2025 a una empresa militar privada, Vectus Global, con vínculos con una compañía estadounidense, aclaró Hurtado.
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Según el informe de la oficina de la ONU, la empresa participó en operaciones que incluían el uso de drones y disparos desde helicóptero que «en la mayoría de los casos podrían describirse como asesinatos selectivos».
Hurtado recordó que estas empresas militares «deben cumplir las mismas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que la policía nacional».
«Las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que tenemos», añadió la fiscal.
Las decisiones de este grupo armado se tomaron, según la fiscal, «de manera consensuada» y responden «a una línea de comportamiento definida desde el nivel más alto de la organización que ha decidido apartarse de los procesos de paz».
Camargo detalló que el crimen fue articulado por Kendry Téllez Álvarez, uno de los jefes de esa disidencia que ahora tiene una orden de captura vigente, quien «desempeñó un papel central de planeación, coordinación y financiación del magnicidio».
