La CIDH otorga medidas cautelares a 10 personas detenidas entre ellos a Álvaro Baltodano y a su hijo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de diez personas detenidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, entre ellos al general en retiro Álvaro Baltodano y a su hijo, al considerar que enfrentan una situación de “gravedad y urgencia” debido al riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
La decisión fue adoptada el 27 de octubre de 2025 mediante la Resolución 74/2025, publicada este miércoles 28 de octubre en su sitio web.
Los beneficiarios de estas medidas son: Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, Álvaro Baltodano Monroy, Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Yerri Gustavo Estrada Ruiz, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola.
Según la CIDH, todas estas personas son “reconocidas o percibidas como opositoras políticas” al régimen Ortega-Murillo, y fueron detenidas entre mayo y agosto de 2025 por agentes policiales.
“Actualmente no se tendría conocimiento sobre su destino, paradero o condiciones de detención y salud. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH”, resalta el documento.
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Familiares de pesos desconocen su paradero
La Comisión señala que los familiares de los detenidos “no disponen de ningún tipo de comunicación con las personas beneficiarias”, y que además desconocen su paradero y situación jurídica, por lo que su “situación de riesgo se ve agravada” ante la imposibilidad de saber dónde se encuentran y verificar su estado actual.
Ante esta falta de respuesta, la CIDH solicitó al régimen nicaragüense que adopte medidas inmediatas para determinar el paradero de los detenidos y garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Exige aclarar si han sido acusados formalmente de algún delito o presentados ante la autoridad judicial competente, y en caso contrario, explicar los motivos de su detención sin supervisión judicial.
La Comisión demandó al régimen “garantizar el contacto regular con sus familiares, representantes legales de confianza y autoridades consulares del país”; que realice una “valoración médica integral” a quienes presenten problemas de salud y garantizarles los medicamentos necesarios.
Con esta resolución, la CIDH suma un nuevo llamado de atención al Estado nicaragüense en medio de un contexto de represión sistemática contra voces críticas, en el que la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y la falta de información sobre el paradero de los presos políticos continúan siendo graves preocupaciones para los organismos internacionales de derechos humanos.
