El sector tabacalero de Estados Unidos pide no imponer más aranceles al puro nicaragüense
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ya recibe comentarios públicos sobre las medidas que evalúa aplicar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras una investigación por violaciones de derechos humanos y laborales. Más de 400 aportes, en su mayoría de pequeños importadores de tabaco, advierten que suspender los beneficios del CAFTA-DR o imponer aranceles afectaría a miles de trabajadores en Nicaragua y a las pequeñas empresas estadounidenses que dependen de ellos.
Trevor McKnight, propietario de Treasure Coast Cigars en Florida, lleva más de una década importando puros premium hechos en Estelí. Sus clientes valoran la calidad artesanal del tabaco nicaragüense, pero hoy McKnight teme perderlo todo.
“Los cigarros premium son productos agrícolas elaborados en fábricas familiares que sustentan a miles de trabajadores en Nicaragua. Estos trabajadores no son actores políticos, y castigarlos con aranceles o barreras comerciales contribuiría poco a promover los derechos humanos”, escribió en un comentario público dirigido a la USTR.
McKnight es uno de los más de 400 participantes que han enviado observaciones a la USTR dentro del proceso de consulta pública que definirá las medidas comerciales que Estados Unidos adoptará contra Nicaragua. La mayoría son pequeños importadores y minoristas de tabaco, un sector directamente afectado por las dos opciones que Washington puso sobre la mesa.
Lo que evalúa Estados Unidos
Tras un año de investigación, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene prácticas “irrazonables” y contrarias a los derechos laborales, humanos y al Estado de derecho, lo que permite sanciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Ahora, Washington consulta a la ciudadanía, empresas y organizaciones sobre dos posibles medidas concretas: Suspender los beneficios del CAFTA-DR a Nicaragua, lo que implicaría retirar las ventajas arancelarias y la acumulación de contenido nicaragüense en productos exportados desde otros países de Centroamérica; o aumentar los aranceles a las importaciones nicaragüenses, incluso hasta un 100%, definiendo sectores y fechas de aplicación.
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La USTR pregunta específicamente a los participantes qué medida debería aplicarse, a qué sectores y desde cuándo.
El período de comentarios estará abierto hasta el 19 de noviembre, tras lo cual la Administración Trump deberá decidir el tipo de sanciones impondrá.
Cabe destacar que desde el mes de agosto, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos paga aranceles del 18%, el más alto para un país latinoamericano.
Tabaco: un sector vital en riesgo
El tabaco nicaragüense está entre los principales productos de exportación bajo el régimen de zonas francas. Solo en 2024, el sector generó 395.4 millones de dólares, equivalente al 11.9% de las exportaciones del régimen de zonas francas, según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
“Mi negocio depende en gran medida de los cigarros artesanales de Nicaragua”, escribió el propietario de Smoke and Joe. “Si se imponen aranceles del 100%, las pequeñas empresas como la mía no podrán sobrevivir. Los precios subirán, los consumidores pagarán más y se perderán empleos tanto aquí como allá”.
Aunque las voces de preocupación provienen de empresarios y consumidores estadounidenses, el origen del conflicto es claro: el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fue su política de represión, control sindical, confiscaciones y violaciones a los derechos laborales la que llevó a Estados Unidos a abrir una investigación bajo la Sección 301.
El informe del USTR documenta intervención del Estado en sindicatos, despidos arbitrarios y trabajo infantil en sectores como la minería y la agricultura, además de represión a organizaciones religiosas y empresariales. Estas prácticas, concluye el documento, “restringen el comercio estadounidense” y violan los compromisos del tratado CAFTA-DR.
