La dictadura mantiene viva la Autoridad del Gran Canal y le asigna 9.2 millones en el Presupuesto 2026
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa financiando con fondos públicos a la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, una comisión que preside su hijo Laureano Ortega Murillo y que, doce años después de haber sido creada, no ha mostrado ningún resultado tangible. En el Presupuesto General de la República 2026 se asignan 9 millones 248 mil córdobas para esta entidad, pese a que el proyecto fue abandonado, la concesión al empresario chino Wang Jing retirada y no existe evidencia de obras, inversiones ni beneficios económicos para el país.
En vísperas de la Navidad de 2014, Daniel Ortega anunció desde Managua el inicio de la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Las cámaras captaron al dictador junto al empresario chino Wang Jing, Laureano Ortega Murillo y el entonces vicepresidente y exjefe del Ejército Omar Halleslevens cortando la cinta inaugural. Fue presentada como “la obra del siglo” que transformaría la economía nicaragüense y pondría al país en el mapa mundial del comercio marítimo.
Sin embargo, la promesa quedó en nada. Nunca se excavó un solo metro de canal, no se levantó infraestructura alguna ni se generaron los empleos prometidos. Lo único que se ha mantenido es una línea constante en el Presupuesto General de la República (PGR) destinada a sostener a una entidad que, en la práctica, opera como una comisión fantasma.
Fondos sin rendición de cuentas
Desde que Ortega abanderó el megaproyecto en 2013, el régimen ha transferido fondos anuales a la comisión sin que se conozcan informes, auditorías o resultados. Ese año, la primera partida asignada fue de 2 millones 120 mil córdobas. La cifra creció gradualmente hasta alcanzar 7.8 millones en 2018, un incremento de más de 5 millones respecto al año anterior.
Entre 2013 y 2023, el Estado destinó más de 59 millones de córdobas. Para 2024, la partida subió a 8 millones 634 mil, y para 2025 a 9 millones 248 mil córdobas, lo que elevará el monto total entregado a más de 77 millones de córdobas hasta el cierre de este año.
No existe evidencia pública de que esos recursos hayan financiado estudios, obras o actividades vinculadas al canal. Tampoco se han publicado memorias de gestión o auditorías sobre el uso de los fondos.
Un “cuento chino” que no termina
El proyecto del Gran Canal fue concebido tras la aprobación de la Ley 800 (julio de 2012), que otorgó amplios poderes al Ejecutivo para negociar la concesión con inversionistas extranjeros. En 2013, la Asamblea Nacional aprobó una concesión de 50 años (renovable) al consorcio chino HKND Group, encabezado por Wang Jing.
La obra se estimó en 50 mil millones de dólares y se presentó como una alternativa al Canal de Panamá. Pero jamás despegó: la falta de financiamiento, los conflictos sociales por expropiaciones, y la falta de estudios ambientales paralizaron todo.
En 2019, el propio acuerdo del canal permitía declarar su cancelación si los subproyectos no se concluían en seis años. No obstante, el régimen siguió asignando dinero público a la Autoridad del Gran Canal.
En mayo de 2024, la Asamblea Nacional derogó las leyes vinculadas a HKND y canceló la concesión al empresario chino, cerrando formalmente la etapa del “megaproyecto”. Pero dejó abierta la puerta a “nuevos inversionistas”, lo que sugiere que Ortega pretende mantener viva la figura legal del canal para futuros acuerdos.
