Organismo argentino presenta en Buenos Aires otra denuncia contra Daniel Ortega por delitos de lesa humanidad
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) ha presentado una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros siete funcionarios ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires.
Los hechos se circunscriben en el contexto de las protestas sociales de 2018, mientras que la denuncia incluye a la primera dama Rosario Murillo; el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán; y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.
También al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.
“Calidh considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, dice el comunicado de la organización.
LEA TAMBIÉN | El escalofriante recuento de los hechos que sustenta la acusación argentina contra Ortega y Murillo
EN QUÉ BASAN LA DENUNCIA
La denuncia la basa el organismo en el artículo 118 de la Constitución Política argentina, la cual reconoce el principio de jurisdicción universal y de la Ley 26:200 Ley para implementar el Estatuto de Roma.
LEA TAMBIÉN: La ONU confirma farsa electoral de Nicaragua en las elecciones de 2021: “no fueron justas ni libres”
El organismo, que es una entidad civil argentina constituida con el objetivo de defender los derechos humanos en América Latina, espera que el juez federal y el fiscal nacional “puedan continuar con el proceso hasta la emisión de una sentencia que establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados” y que contribuya con otras iniciativas de búsqueda de justicia, y reparación de las víctimas y sus familiares
“Y favorezca que los países democráticos de mando abran procesos similares contra los responsables de estos delitos”, detalla.
INFORMES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Calidh señala que además de la denuncia presentó ante el Juzgado Federal cuatro informes que presentaron diversos organismos de derechos humanos donde muestras su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
“El Centro está firmemente comprometido con aportar un grano de arena en el proceso de restablecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”, agrega el organismo.
Además, le entregaron un resumen de los casos que lleva el organismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las personas víctimas de estos delitos denunciados.
LEA TAMBIÉN: El ciudadano circulado erróneamente por la Policía Orteguista denuncia que la institución le ha dañado su reputación
La CIDH ha expuesto que producto de la represión a las protestas populares de 2018 al menos unas 355 personas fueron asesinadas.
Esta sería la segunda denuncia contra el régimen de Nicaragua. A inicios de octubre, los abogados Darío Richarte y Diego Pirola presentaron otra en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina, para que se inicie una investigación penal contra el régimen y al menos nueve funcionarios de su administración.
La denuncia tendría como fin determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad a partir de abril de 2018 cuando comenzó la crisis política.
En la denuncia se solicita que se cite a una declaración indagatoria los máximos responsables del régimen de “Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares”.
El inicio de la investigación también se basó en el artículo 118 de la Constitución Política argentina.
En esa ocasión el fiscal Eduardo Taiano manifestó que además del mandato constitucional están los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Estos “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.
