Dictadura retrasa reforma exprés para elecciones a medida y exhibe primeras «consultas» con el cuerpo diplomático
La reforma constitucional con la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende rediseñar el sistema electoral en Nicaragua para eliminar cualquier posibilidad de participación de una oposición capaz de disputarle el poder en las urnas bajo reglas democráticas sufrió un parón este lunes.
La iniciativa, cuya aprobación estaba prevista para la primera semana de agosto, entró en una fase de «consultas» de un mes con distintos sectores, según anunció Rosario Murillo. Ese procedimiento no había sido mencionado cuando Ortega proclamó, el pasado 19 de julio, que en el país «no volverá a haber elecciones» y ordenó a los diputados bajo su control a realizar el cambio constitucional que garantizara eso.
En medio de la ola de condena internacional a la disposición, el oficialismo ha ido bajando el tono pasando de la orden expresa a un supuesto nuevo mecanismo electoral que resultará de un «amplio proceso de consultas».
La codictadora informó este lunes que los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional iniciaron las consultas sobre la «reforma parcial a la Constitución» con un encuentro con representantes del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua.
Sin embargo, Murillo no precisó qué embajadores participaron en la reunión ni mencionó que las modificaciones incluyen la reforma del sistema electoral ordenada por Daniel Ortega tras anunciar, el pasado 19 de julio, que en el país «no volverá a haber elecciones».
En su intervención, la funcionaria evitó referirse al alcance político de la reforma y se limitó a afirmar que el proceso busca «continuar por la senda de fortalecer la paz, la dignidad y el honor», sin ofrecer detalles sobre los cambios constitucionales que el régimen pretende aprobar.
La «reforma parcial a la Constitución» no es más que la iniciativa con la que la dictadura busca institucionalizar la eliminación de las elecciones competitivas en Nicaragua y cerrar definitivamente cualquier posibilidad de participación de la oposición, a la que acusa de responder a intereses de Estados Unidos.
«Y estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso con la comunidad diplomática que vive y trabaja en esta Nicaragua», añadió Murillo.
Reformas serán aprobadas en septiembre
Según la codictadora, la consulta durará un mes y posteriormente será elaborado un dictamen para ser presentado en al Plenario para su aprobación en la primera semana de septiembre en primera legislatura.
Además del cuerpo diplomático, la dictadura avalará las reformas con el respaldo de las instituciones controlada por Ortega-Murillo como el Ejército, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, gobiernos municipales, universidades, empresarios, banqueros, iglesias, organizaciones indígenas, transportistas, comerciantes, periodistas sandinista, estudiantes y otras estructuras afines al oficialismo.
«Este proceso que estamos iniciando el día de hoy incluye a todos los sectores (…) vamos a dar a conocer los resultados en la primera semana del mes de la patria, porque esta es una iniciativa de patria y libertad, patria y dignidad», afirmó.
Una consulta sin oposición
Aunque Murillo presentó el proceso como una consulta «amplia» y «respetuosa», el régimen no contempla la participación de organizaciones opositoras ni de actores críticos a la dictadura, que desde 2018 han sido ilegalizados, encarcelados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad.
En los últimos días, Ortega y Murillo han justificado la exclusión de la oposición argumentando que sus integrantes fueron financiados por Estados Unidos para promover un supuesto intento de golpe de Estado durante las protestas de 2018.
Con ese discurso, la dictadura sostiene que quienes recibieron financiamiento extranjero o mantienen vínculos con los Estados Unidos no pueden volver a participar en la vida política del país, una narrativa que ha servido para justificar la cancelación de partidos políticos, el cierre de organizaciones civiles y la persecución contra dirigentes opositores.
Imposición de un nuevo modelo político
El anuncio forma parte del proceso impulsado por Ortega y Murillo tras oficializar la eliminación de las elecciones previstas para 2027, y el fin del sistema electoral como mecanismo para acceder al poder en Nicaragua.
La propuesta comenzó a tomar 48 horas desupués de que Ortega afirmara, durante el acto del 46 aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
Días después, el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intentó matizar esas declaraciones al asegurar que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que impida la participación de quienes el régimen considera «traidores a la patria» y evite cualquier «injerencia extranjera».
La reforma constitucional pretende adecuar el texto de la Carta Magna «al nuevo modelo político» impuesto por el régimen, en el que desaparece la competencia electoral y el acceso al poder queda subordinado a las estructuras controladas por el oficialismo.
Murillo insistió en que las consultas buscan fortalecer «la paz, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad» y aseguró que el cronograma de reuniones será presentado este martes por la Asamblea Nacional.
«Concluido el proceso de consulta, la Comisión Especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación en el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días del mes de la patria», señaló.
