El régimen secuestró a miembro de CxL que fue deportado de Estados Unidos
El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) exigió a la codictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida de Manuel Antonio Romero, miembro de esa organización política, quien se encuentra desaparecido. El pasado 7 de febrero.
Romero, originario del municipio de El Cuá, en Jinotega, residía en Tennessee, Estados Unidos, y fue deportado a Nicaragua el pasado 5 de febrero. Dos días después, fue detenido por la Policía y desde entonces se encuentra en condición de desaparecido, según denunció la organización política.
“Desde Ciudadanos por la Libertad (CxL) demandamos prueba de vida y la inmediatamente liberación de Manuel Antonio Romero, miembro de nuestra organización en el municipio de El Cuá, detenido arbitrariamente por el sandinismo”, denunció esa organización política.
Romero trabajó como promotor ambiental en la Alcaldía de El Cuá y fue un funcionario del partido CxL. En el año 2021, un año antes de las elecciones, donde el régimen se reasignó la presidencia, el Consejo Supremo Electoral, controlado por la pareja codictadora, le canceló la personería jurídica.
Hasta el momento, el régimen no ha confirmado la detención, proceso legal o paradero de Romero, manteniendo un patrón de silencio institucional.
Obligado al exilio
En julio de 2022, el régimen intervino la Alcaldía de El Cuá y tras el incremento de la persecución política contra los funcionarios municipales, Manuel Antonio Romero se vio obligado a salir al exilio ante el temor de ser encarcelado.
Tras la toma de la municipalidad que terminó con la destitución del alcalde Isidro Herrera, la dictadura impuso como alcalde a Raúl Antonio Acevedo Lara y desde entonces, inició una persecución contra los exfuncionarios considerados adversarios políticos.
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Romero, de 49 años, fue llevado a su vivienda por funcionarios de Migración y posteriormente detenido por agentes policiales durante un operativo, acusado de haber participado en las protestas del año 2018, que fueron reprimidas violentamente por la Policía y paramilitares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sitúa en 350 a las personas fallecidas a mano de la Policía durante las protestas. Por su parte, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el régimen Ortega Murillo para que libere a todos los presos políticos en Nicaragua.
