Ortega y Murillo consolidan el terror de Estado en Nicaragua, alerta Amnistía Internacional

La represión en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes. Daniel Ortega y Rosario Murillo han perfeccionado una maquinaria de terror que combina detenciones arbitrarias, despojo de nacionalidad, tortura y censura total. Amnistía Internacional (AI) denuncia en su más reciente informe que la dictadura ha profundizado el control absoluto sobre la sociedad, mientras la impunidad se convierte en regla y la disidencia en delito.

Pocos sectores han escapado a la ofensiva del régimen: líderes religiosos, periodistas, opositores políticos, estudiantes y pueblos indígenas han sido blanco de una política sistemática de persecución. La organización advierte que Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de América Latina, con miles de personas forzadas al exilio, medios de comunicación aniquilados y cárceles convertidas en centros de tortura.

Iglesia, prensa y sociedad civil: objetivos del régimen

La dictadura expulsó en enero a 16 miembros de la Iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, y en septiembre deportó a 135 presos políticos, de los cuales 45 continuaban en prisión al cierre del año. Al mismo tiempo, más de 50 medios de comunicación fueron clausurados o confiscados entre 2018 y 2024, mientras al menos 276 periodistas se vieron obligados a exiliarse.

Amnistía denuncia también la imposición de leyes para censurar internet, controlar actividades culturales y obligar a las telecomunicaciones a entregar datos privados, cerrando cada vez más los espacios de libertad.

Además, más de 5.000 organizaciones, entre ONGs, universidades y grupos religiosos, han sido canceladas en un proceso de desmantelamiento sistemático de la sociedad civil. El cierre de 34 universidades dejó a 37.000 estudiantes sin acceso a sus expedientes académicos, forzándolos al exilio o la marginación.

Pueblos indígenas, tortura y abandono

Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido atacados con particular brutalidad. Líderes comunitarios enfrentan criminalización, desplazamiento forzado y violencia armada por grupos afines al régimen. El líder miskitu Brooklyn Rivera fue arrestado en 2024 y hasta hoy se desconoce oficialmente su paradero, un caso que Amnistía califica como ejemplo de desaparición forzada.

La tortura y los tratos crueles son prácticas habituales en las cárceles, donde los presos políticos sufren abusos físicos y psicológicos, negación de atención médica y condiciones inhumanas. La dictadura ha ignorado medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras crímenes como el asesinato del periodista Ángel Gahona siguen impunes.

El sistema de salud pública, profundamente politizado, excluye a opositores y presos liberados, mientras las regiones afectadas por desastres naturales continúan en el abandono, sin que se cumplan las promesas de reconstrucción.

La impunidad como política de Estado

Amnistía Internacional concluye que en Nicaragua no existe ningún mecanismo interno efectivo para investigar violaciones de derechos humanos ni garantizar justicia a las víctimas. La organización hace un llamado urgente a la comunidad internacional para documentar los crímenes, apoyar a quienes han sido perseguidos y promover acciones de rendición de cuentas frente a la dictadura Ortega-Murillo.

"La represión, la impunidad y el terror de Estado se han convertido en la normalidad en Nicaragua", advierte el informe.