Sanciones, aranceles y amenazas: comienza la ofensiva de Trump contra la dictadura de Nicaragua

La política de Estados Unidos hacia Nicaragua ha entrado en una nueva etapa. En menos de tres meses desde su retorno a la presidencia, Donald Trump ha endurecido significativamente el enfoque de Washington hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones que implican restricciones migratorias a funcionarios, aranceles a las exportaciones y una narrativa de seguridad nacional que apunta a un aislamiento creciente.

Este 18 de abril, el secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de visado contra más de 250 funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos y declaró que la administración Trump “no tolerará” al régimen de Managua, al que calificó de “enemigo de la humanidad”.

A principios de mes, Donald Trump había anunciado la imposición de un arancel del 18 % a las exportaciones nicaragüenses —el más alto aplicado a un país latinoamericano—. Ese arancel está suspendido por 90 días, pero podría reactivarse.

Un enfoque coordinado: diplomacia, comercio y seguridad nacional

El mensaje de Rubio no solo eleva el tono político, sino que articula los distintos frentes de presión de manera estratégica. Se trata de una ofensiva diplomática con respaldo legal y económico. El Departamento de Comercio continía además una investigación bajo la Sección 301, abriendo la puerta a medidas aún más severas, incluida una posible suspensión de Nicaragua del tratado comercial CAFTA-DR.

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En enero, una semana después del regreso de Trump al poder, un asesor de la Casa Blanca declaró que a Estados Unidos "no le interesa tener a la dictadura de Ortega como socio comercial".

Después, durante su primera visita a la región, en Costa Rica, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que “el CAFTA se creó para premiar a las democracias, y Nicaragua ya no lo es”.

Desde un punto de vista económico, las implicaciones son profundas. Nicaragua depende fuertemente del acceso preferencial al mercado estadounidense, especialmente en sectores como el textil, el café y los productos agrícolas. La amenaza de perder esos beneficios no solo afecta al régimen, sino a la estabilidad macroeconómica del país.

Expertos consultados por DESPACHO 505 han señalado que, aunque la salida formal de Nicaragua del CAFTA requeriría una compleja maniobra legal y política, la suspensión práctica de beneficios puede implementarse unilateralmente, como ya ocurre con otras sanciones arancelarias.

El uso de la migración y las alianzas externas: el argumento de seguridad nacional

Además del componente económico, Rubio insistió en que el régimen de Ortega representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, por su colaboración con actores externos como Rusia e Irán, y su complicidad en facilitar la migración irregular hacia territorio estadounidense.

Estas declaraciones se enmarcan dentro de la Orden Ejecutiva 13851, que desde 2018 —bajo el primer mandato de Trump— considera la situación en Nicaragua como una amenaza “inusual y extraordinaria” a los intereses estadounidenses. Bajo esta orden, Washington ha intensificado el uso de sanciones financieras y bloqueos a individuos cercanos al poder en Managua.

La ofensiva estadounidense contra el régimen de Ortega y Murillo está empezando. Lo que comenzó como una revisión de tratados y la imposición de restricciones migratorias ha evolucionado hacia una estrategia más amplia de cerco económico y aislamiento diplomático.