Nicaragua ya no tiene ciudadanos, tiene rehenes: CALIDH denuncia la dictadura total de Ortega y Murillo

En Nicaragua “ya no existen ciudadanos, sino sospechosos bajo control total del Estado”. Esa es una de las conclusiones del último informe del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), que documenta un 2024 marcado por una represión más violenta, más sistemática y más brutal que en años anteriores.

CALIDH acusa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de consolidar un Estado totalitario, donde la Constitución reformada ha legitimado “patrones de violencia extrema” como la persecución religiosa, la prisión política y la anulación de los derechos humanos.

“El ciudadano constitucional, titular nato de sus derechos y libertades, ha sido sustituido por la figura del sospechoso, que no tiene ninguno”, señala el informe.

En el país predomina un ambiente de terror cotidiano, donde la población vive bajo la amenaza constante de ser detenida, torturada o deportada. La represión se manifiesta en audiencias clandestinas por videollamada, torturas específicas según el perfil del preso, y centros de detención secretos. CALIDH califica la violencia estatal como “extrema y brutal”, documentando testimonios de excarcelados víctimas de tortura sexual, desapariciones forzadas y condiciones inhumanas.

Uno de los casos más simbólicos es el del filósofo Freddy Quezada, desaparecido por meses, y el de Fanor Alejandro Ramos, quien padece secuelas permanentes por múltiples torturas.

Crímenes de lesa humanidad

También se denuncian crímenes de lesa humanidad contra comunidades del Caribe, especialmente indígenas, donde el Ejército y colonos actúan con protección estatal para saquear recursos.

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La persecución religiosa se ha intensificado: más de 1,250 ONG religiosas fueron cerradas desde 2018, y en febrero de 2025 fueron expulsados 19 religiosos, incluido monseñor Rolando Álvarez, símbolo de resistencia desde la Iglesia. Su palacio episcopal fue confiscado y convertido en clínica.

En cuanto a los derechos de las mujeres y niñas, CALIDH denuncia el desmantelamiento institucional de protección y el uso de la pena perpetua como disfraz para la inacción.

A pesar de la magnitud de las violaciones, el régimen se ha retirado de organismos internacionales clave y profundiza su aislamiento diplomático, impidiendo la supervisión externa.

El aislamiento del régimen también se profundiza: sacó a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, la OIT, la OIM, y fue expulsada del Programa Mundial de Alimentos y la Corte Centroamericana de Justicia, como reacción ante las denuncias internacionales que no ha podido refutar.

“La represión no solo se mantiene, se perfecciona”, concluye CALIDH, que hace un llamado urgente a la justicia internacional y a mantener el foco en la situación de Nicaragua.