De la protesta a la persecución: Siete años de represión bajo la dictadura, según la CIDH

A siete años del estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018, que dejó 355 muertos y miles de nicaragüenses perseguidos, la situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo crítica. La represión de la Policía y los paramilitares, que en su momento respondieron a las protestas con violencia extrema, ha dado paso a un régimen de control absoluto liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que continúa su ofensiva contra cualquier forma de oposición.

Así lo denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado publicado este lunes. Desde 2018, más de 300 nicaragüenses, entre periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y universitarios, han sido despojados de su nacionalidad y desterrados del país. Este éxodo forzado es parte de un plan sistemático para silenciar las voces disidentes y consolidar un poder que se ha vuelto cada vez más represivo y arbitrario.

La dictadura ha intensificado sus violaciones a los derechos humanos, con un aumento de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución religiosa. Los presos políticos, cuya cantidad se mantiene en 42, siguen viviendo en condiciones inhumanas, en un contexto de violencia institucionalizada donde las garantías judiciales son inexistentes.

La reforma constitucional: el golpe definitivo a la democracia

El control del régimen sobre las instituciones del Estado se ha consolidado con las reformas constitucionales aprobadas en enero. Estas reformas, que otorgaron aún más poder a Ortega y Murillo, formalizan lo que ya es una dictadura disfrazada de legalidad. La constitución modificada refuerza la centralización del poder en la presidencia, instaurando un modelo de "co-presidencia" que borra cualquier vestigio de separación de poderes y deja al país sin los contrapesos necesarios para garantizar la democracia.

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La reforma, lejos de ser una medida de modernización o fortalecimiento institucional, es un mecanismo para consolidar el desmantelamiento de la democracia, permitiendo que el régimen controle todos los aspectos del país bajo una fachada de legalidad.

La represión mediática: un control absoluto de la información

La persecución a los medios independientes es otro de los frentes donde el régimen de Ortega y Murillo ha mostrado su rostro autoritario. El cierre de sitios web de medios y el bloqueo de plataformas digitales, son solo algunos ejemplos de los intentos por silenciar a los periodistas que siguen informando desde el exilio. Los medios que permanecen en Nicaragua están sometidos a un control estricto, donde la manipulación de la información y la censura son la norma.

Este ambiente de hostilidad ha obligado a muchos a operar desde fuera del país, viviendo bajo constantes amenazas y ataques, mientras la dictadura monopoliza la narrativa oficial y se asegura de que cualquier crítica sea sofocada antes de que pueda salir a la luz pública.

Persecución religiosa: la fe bajo ataque

La represión no solo afecta a los opositores políticos, sino que también se extiende a las comunidades religiosas. Desde 2023, al menos 46 líderes religiosos han sido detenidos y posteriormente expulsados del país, como parte de una estrategia para someter a la Iglesia Católica y a las organizaciones de fe. Además, el gobierno ha impuesto severas restricciones a las actividades religiosas, prohibiendo las celebraciones públicas y vigilando de cerca los sermones y las expresiones de fe, en un claro intento por controlar incluso los espacios espirituales y comunitarios.

Ante este panorama, la CIDH ha urgido al régimen de Nicaragua a cesar las violaciones a los derechos humanos, liberar a todos los prisioneros políticos y restablecer el Estado de derecho. La comunidad internacional debe actuar con firmeza, presionando para que se ponga fin a la represión y se restauren las libertades fundamentales en Nicaragua, concluyó el organismo.