Corte IDH ordena revertir la “muerte civil” impuesta por la dictadura a 122 nicaragüenses

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo revertir la “muerte civil” impuesta a 122 personas —entre ellas excarcelados políticos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales— víctimas de destierro, desnacionalización, confiscación de bienes y eliminación de registros legales.

La Corte IDH emitió una nueva resolución en el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua”, en la que advierte sobre la persistencia de una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable que enfrentan 122 personas identificadas como opositoras.

Entre los beneficiarios hay personas que siguen injustamente encarceladas. En algunos casos, como el de Jaime Navarrete y José Manuel Urbina Lara, continúan presos pese a haber cumplido sus condenas. La madre de Navarrete ni siquiera ha podido ingresar al país para visitarlo, denunció la Corte.

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“La situación actual ha generado una forma de muerte civil, despojando a las y los beneficiarios de su existencia legal y, con ello, de la posibilidad de ejercer sus derechos ante Nicaragua y otros Estados”, advierte el tribunal en su resolución del 8 de abril.

También se alertó sobre el caso de Steadman Fagoth Muller y Catalino Leo Cárcamo, cuyo paradero es desconocido, colocándolos en una situación de riesgo aún más grave. La Corte ordenó que el Estado informe con claridad dónde se encuentran y facilite el contacto inmediato con sus familiares y abogados.

Una persecución que no termina

Aunque muchas de estas personas fueron excarceladas o expulsadas del país, la Corte sostiene que el riesgo persiste, ya que se mantiene el mismo contexto de persecución sistemática que dio origen a las violaciones. La resolución señala como medidas violatorias la revocatoria de la nacionalidad, el impedimento de ingreso a Nicaragua, la eliminación de registros públicos y la confiscación de bienes.

“Estas medidas constituyen una amenaza directa al derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, afectando también el acceso a otros derechos fundamentales”, subraya la Corte.

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Entre esos derechos, enumera: el nombre, estado civil, nacionalidad, libertad personal, vida privada y familiar, libre circulación, derechos de la niñez y derechos políticos. También advierte que estas prácticas afectan incluso a los hijos e hijas de los afectados.

Nicaragua sigue en desacato 

En su resolución, el tribunal recordó que, pese a haber denunciado la Carta de la OEA, Nicaragua sigue obligada a cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, reiteró que el Estado permanece en desacato por no acatar las órdenes previas de la Corte en este mismo caso.

La Corte ordenó:

• Mantener las medidas provisionales para las 122 personas protegidas.

• Revocar todas las decisiones que configuran la “muerte civil”.

• Informar con claridad sobre el paradero de las personas desaparecidas.

• Presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre el incumplimiento sistemático.

Organizaciones solicitantes celebraron esta resolución como un paso crucial para visibilizar la persecución política, y reiteraron el llamado urgente a la comunidad internacional a actuar frente a la impunidad y el abandono que enfrentan estas personas.