Secretarios políticos del FSLN, los verdaderos dueños del poder local: controlan programas y eligen beneficiarios

En Nicaragua, la autoridad local está secuestrada por el partido de Gobierno. Los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —figuras leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo— son quienes realmente deciden al margen de la ley qué se hace, a quién se beneficia con programas sociales y cómo se distribuyen los fondos públicos en las alcaldías del país.

Así lo revela el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que documenta cómo esta red partidaria ha desplazado a las autoridades municipales, socavando por completo la institucionalidad democrática.

“La lista de beneficiarios de obras sociales, culturales o ambientales debe ser validada por el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional a nivel departamental”, señala el informe.

Los secretarios políticos departamentales y municipales del FSLN actúan como una extensión de Rosario Murillo en los territorios, consolidando su poder más allá de los canales institucionales. Estos operadores del régimen no solo controlan los programas sociales y los presupuestos municipales, sino que inauguran proyectos y entregan recursos con mayor protagonismo que los propios alcaldes.

Este mecanismo de control político vulnera abiertamente los principios de equidad y legalidad en la administración de recursos públicos. Los programas gubernamentales, financiados con fondos del Estado, no son distribuidos según criterios técnicos ni de necesidad, sino con base en la lealtad política al FSLN. En muchos casos, la militancia partidaria se convierte en un requisito implícito para acceder a un techo, una beca o una ayuda alimentaria.

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Esto significa que ningún proyecto puede ejecutarse en Nicaragua sin la venia del secretario político de turno. Poco importa si los fondos provienen del Estado o si las alcaldías tienen autonomía legal: el verdadero poder recae en estas figuras del FSLN, no en las autoridades "electas" por la ciudadanía.

Gobierno subordinado al partido

El informe de la ONU expone cómo el desmantelamiento de la institucionalidad democrática ha creado un sistema en que lo público y lo partidario están completamente entrelazados. En muchos casos, un funcionario estatal también es dirigente político del FSLN, y su lealtad está con el partido, no con la ley.

Hay casos emblemáticos: el alcalde que también funge como secretario político del FSLN a nivel departamental; el vicepresidente de la Corte Suprema, Marvin Ramiro Aguilar García, quien ostenta simultáneamente ese rol judicial y el de operador político en la Corte; o el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que además coordina al sindicato sandinista y la red de trabajadores afines al régimen.

Este solapamiento institucional y partidario genera un poder paralelo que controla decisiones fuera de los canales oficiales, en una estructura que responde exclusivamente a Rosario Murillo, la vicepresidenta y coordinadora central de esta red política.

Una red para vigilar, excluir y castigar

Desde 2007, el régimen ha multiplicado las estructuras de control como los Consejos del Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia, las Unidades de Victoria Electoral (ahora solo Unidades de Victoria) y otros brazos partidarios que operan bajo el discurso del "poder ciudadano", pero que en realidad ejecutan una vigilancia minuciosa sobre la población.

Estas unidades están integradas por los secretarios políticos y otros cuadros del FSLN que identifican, vigilan y muchas veces hostigan a quienes son considerados opositores, o simplemente no muestran lealtad al partido. Los programas sociales —como alimentos, viviendas o becas— se convierten así en mecanismos de control y castigo político.

El informe afirma que estas estructuras permiten al régimen alimentar y consolidar una red de vigilancia en barrios y comunidades, donde cada zona está controlada por uno o más representantes sandinistas que monitorean actividades, recopilan información personal, y filtran el acceso a cualquier tipo de ayuda estatal.

Rosario Murillo: el centro de mando

Los secretarios políticos están presentes en todos los niveles de la administración pública y actúan como operadores del régimen en cada institución. A pesar de no formar parte formal de la estructura del Estado, su autoridad es reconocida de facto por alcaldes, directores, ministros y magistrados.

La red responde directamente a Rosario Murillo, quien recibe reportes constantes y distribuye planes de trabajo semanales. Entre los principales responsables de esta estructura destacan:

• Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización del FSLN.

• Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en seguridad e inteligencia.

• Horacio Sebastián Rocha López, ministro asesor para temas de seguridad.

• Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Ministerio del Interior.

• Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional.

Todos ellos forman parte del engranaje que garantiza que la política social y el aparato estatal estén completamente subordinados a los intereses del partido y del régimen.

Dictadura en la comunidad

La revelación del Grupo de Expertos de la ONU confirma lo que muchos en Nicaragua viven a diario: el Estado ha sido secuestrado por un partido político que no permite el disenso ni la autonomía local.

Los secretarios políticos del FSLN no solo imponen decisiones, sino que deciden quién come, quién estudia y quién construye una casa. En Nicaragua, los derechos sociales han dejado de ser universales para convertirse en premios de fidelidad al régimen.

En este contexto, hablar de elecciones, alcaldías o descentralización suena casi irónico. El país vive bajo una dictadura territorializada, donde cada barrio y cada institución responde a un mando único: el de Rosario Murillo y su red de operadores políticos.