La dictadura obliga a empleados públicos a marchar y exhibe paramilitares para amedrentar

En el marco del séptimo aniversario de las protestas antigubernamentales de abril de 2018, miles de nicaragüenses han sido forzados a participar en caminatas y caravanas organizadas por el régimen, con la participación activa de paramilitares conocidos como la "Policía Voluntaria".

Estos grupos, que fueron responsables de la brutal represión durante las manifestaciones de 2018, se han reincorporado a las actividades de conmemoración de lo que el régimen denomina “Abril victorioso”, en un intento por borrar la memoria de la insurrección que dejó más de 350 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El régimen ha recurrido nuevamente a la coacción para asegurar la asistencia a estos actos. A través de órdenes directas, empleados públicos han sido obligados a participar bajo amenaza de sanciones. En declaraciones a DESPACHO 505, un servidor público de Managua confesó que, desde la semana pasada, todos los trabajadores del Estado recibieron la orden de asistir a las marchas, un mandato que, según él, no se puede desobedecer.

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"Nos mandan lo que tenemos que hacer por escrito, y no tenemos opción", relató, señalando que la participación implica abandonar sus funciones laborales, lo que provoca atrasos en gestiones oficiales.

Sacan a estudiantes de las aulas para marchar

A los estudiantes de colegios públicos también se les ha obligado a participar. En muchos centros educativos, los estudiantes han sido instruidos a asistir a las concentraciones bajo la amenaza de perder puntos en sus calificaciones.

"Es una orden de la compañera", dijo una estudiante de quinto año, que agregó que, en las caminatas, les entregan pañuelos rojo y negro, símbolo del régimen, para que los usen en futuras actividades.

La rebelión de abril de 2018, desencadenada por reformas a la seguridad social, desató una ola de protestas que fueron duramente reprimidas por el régimen. La violencia policial y paramilitar dejó al menos 355 muertos y cientos de heridos. Después en las protestas la población pedía un adelanto de elecciones sin Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para muchos, estas manifestaciones marcaron un punto de no retorno en la lucha por la democracia en Nicaragua. Sin embargo, el régimen ha utilizado el séptimo aniversario para recalcar su narrativa oficial, intentando mostrar que las protestas fueron un intento fallido de golpe de Estado, a pesar de los informes internacionales que documentan violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La utilización de paramilitares como la "Policía Voluntaria", que durante las protestas de 2018 fueron acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, sigue siendo una práctica constante del régimen para mantener el control sobre la población. Hoy, esos mismos grupos se encargan de reprimir cualquier intento de disidencia, mientras el régimen continúa manipulando los eventos históricos para su propia agenda.

Las marchas no solo sirven como un medio para reforzar esta narrativa, sino también como una forma de exhibir a los encapuchados por pueblos y ciudades del país, enviando un mensaje de intimidación y control sobre la población.