Daniel Ortega y Rosario Murillo nombrarán a los magistrados de la CSJ

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo nombrarán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una atribución que era facultad de la Asamblea Nacional, con la que terminan de socavar la imparcialidad del Poder Judicial en Nicaragua.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial enviada por Ortega y Murillo a la Asamblea Nacional, reduce el número de magistrado a 10 y amplía el periodo a seis años, tal como quedó consignado en las reformas a la Constitución Política aprobada en febrero de este año en segunda legislatura.

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También, designará al Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez serán juramentados por el Parlamento.

La iniciativa de Ley, denominada Ley Orgánica del Sistema Judicial de Nicaragua, deroga la Ley 260, y somete por completo al Poder Judicial al Ejecutivo, ya que cercena facultades de la CSJ de interpretar aquellas leyes inconstitucionales que provocaban roces y conflictos entre los diferentes Poderes del Estado.

Además, la dictadura Ortega Murillo nombrará a los miembros del Consejo Nacional de Administración de Justicia mediante un Acuerdo Presidencial por un periodo de seis años, y quienes podrá proponer la destitución y nombrar a magistrados de los Tribunales de Apelación, Secretario General de la CSJ, peritos, y médicos forenses.

La nueva Ley permite que militares retirado puedan ser nombrados magistrados del Poder Judicial, a pesar de que no cuenten con la experiencia en materal penal, civil, de familia, mercantil, procesales y administrativas.

Asamblea Nacional un órgano decorativo

Con la nueva Ley Orgánica de la CSJ, los dictadores limitaron el trabajo de la Asamblea Nacional única y exclusivamente a votar las propuestas enviadas desde el Ejecutivo y a juramentar a los magistrados nombraddos por Ortega y Murillo. Los diputados podrán presentar propuestas de candidatos para las magistraturas en el Poder Judicial, pero será la dictadura la que decida quienes serán nombrados.

Entre las nuevas facultades de la Corte, estan nombrar y destituir al Secretario General, a propuesta del Consejo Nacional de Administración de Justicia, a los directores de la Defensoría Pública, Medicina Legal, peritos; resolver las solicitudes de extradicción de extranjeros, resolver los conflictos de competencias entre las diferentes salas; conocer y resolver los procesos contra el copresidente y copresidenta, una vez se le haya privado de su inmunidad. Además, nombrar y destituir a los miembros de los tribunales militares, entre otro.

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En relación a la defensa pública, obliga a los abogados particulares a servir como defensores públicos, sin goce de salario, con la condición de deducir el monto de los honorarios de la renta anual, donde no haya oficinas de la Defensoría Pública

Asimismo, permite que docentes y estudiantes de derecho puedan ejercer la función de defensores públicos cuando la Defensoría Pública lo requiera.