Eurodiputados exigen a la Corte Penal investigar los crímenes de Ortega y Murillo

Eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) exigieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que persiga los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, así como por los regímenes de Venezuela y Cuba liderados por Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel.

Los eurodiputados Antonio López-Istúriz y Maravillas Abadía Jover reclamaron a la presidenta de la Corte Penal Internacional Tomoko Akane la necesidad de que dictadores "sanguinarios" como lo son Ortega, Maduro y Díaz Canel sean investigados y juzgados.

"Sorprende la rapidez con la que se emite una orden de arresto contra un presidente democrático, sin embargo, durante décadas dictadores sanguinarios como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Díaz-Canel en Cuba, han cometido crímenes atroces y nunca se ha emitido una orden de arresto contra estos dictadores", reprochó López-Istúriz durante una sesión conjunta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y el Comité de Asuntos Jurídicos.

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El parlamentario europeo también reconoció la importancia del trabajo de la Corte Penal Internacional para castigar y evitar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el mundo y recordó que el Parlamento Europeo ha emitido varias resoluciones que subrayan necesario que Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cadena de mando sean juzgados en los tribunales internacionales.

“Este Parlamento ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por estos crímenes”, y en reiteradas ocasiones han manifestado su rechazo por la forma de proceder contra las dictaduras, detalló López-Istúriz, portavoz adjunto del PPE en el subcomité de Derechos Humanos.

Denunciamos las atrocidades

Por su parte, la eurodiputada Maravillas Abadía Jover también interpeló a la presidenta de la CPI, sobre la suavidad con que este órgano de justicia internacional ha actuado contra el dictador Nicolás Maduro, de Venezuela.

“Tenemos la obligación moral de denunciar las atrocidades”, al referirse a la gravedad de la situación sociopolítica en Venezuela, donde “casi 8 millones de venezolanos han huido del país, víctimas de la represión del régimen de Maduro, que ha convertido al Estado en una maquinaria de represión política, con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”, expresó.

La legisladora y portavoz adjunta del PPE en el comité de Asuntos Jurídicos, también cuestionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional por no tomar en cuenta los numerosos informes que responsabilizan a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua de cometer crímenes contra sus poblaciones.

“La CPI ha constatado que estos crímenes de lesa humanidad no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática para reprimir la disidencia” y que aún no hay avances concretos en la persecución de estos crímenes, detalló.

Abadía Jover aseguró que la Unión Europea está dispuesta a mejorar la cooperación para que estos crímenes no queden impunes.

Ortega y Murillo deben ser enjuiciados

En el caso de Nicaragua, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, creado para Nicaragua, responsabiliza a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja codictadora del país de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población durante la represión policial y paramilitar del año 2018.

El pasado 27 de febrero, el Grupo de Expertos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, una actualización del informe de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, donde incluyeron al Ejército de Nicaragua, al mando del general Julio César Avilés y al Ministerio de Salud de participar en la cadena de mando represiva.

En el caso del Ejército, lo responsabiliza de cometer ejecuciones extrajudiciales contra los nicaragüenses y de suministrar militares y armamento para reprimir a la ciudadanía que protestaba contra el régimen en el año 2018.

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También responsabiliza al Ejército de coordinar con la Policía y dirigir la operación limpieza que dejó decenas de muertos y lesionados a nivel nacional.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que la brutal represión policial contra las protestas antigubernamentales de ese año, dejaron como resultado a 355 personas fallecidas. Las víctimas murieron de certeros disparos en la cabeza y a la altura del corazón disparados por policías y paramilitares.