Nicaragüenses en riesgo de “crímenes atroces”: piden aplicar principio R2P de la ONU
Nicaragua se encuentra en una lista de 15 países con poblaciones en riesgo extremo, según el principio R2P de la ONU, te explicamos qué es y qué se puede hacer.


- Managua, Nicaragua
- marzo 17, 2025
- 12:50 PM
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Nicaragua ha sido incluida en una lista de 15 países cuyas poblaciones están bajo riesgo de sufrir “crímenes atroces”, de acuerdo con el informe anual del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, una organización que monitorea la situación mundial bajo el principio R2P de las Naciones Unidas.
La organización destaca que la población nicaragüense sigue expuesta a violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluyen asesinatos, torturas y persecución política.
“Nicaragua es uno de los países más peligrosos para los opositores políticos y defensores de derechos humanos en la actualidad”, señala el informe. La falta de una respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional ha facilitado la perpetuación de las violaciones de derechos humanos, sin consecuencias para los responsables.
El informe subraya que el tiempo para actuar es crítico. Cualquier demora podría resultar en un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos. "Es esencial que la comunidad internacional intervenga de manera coordinada para frenar la represión y proteger a la población nicaragüense antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
¿Qué es el principio R2P y qué se puede hacer?
El Principio de la Responsabilidad de Proteger, conocido como R2P, es una obligación política de la comunidad internacional adoptada en 2005 por la ONU.
Este principio se basa en tres pilares: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones; y la responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir para proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra (o no quiere) hacerlo, como en el caso de Nicaragua.
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Si bien los Estados miembros de la ONU han adoptado medidas importantes para abordar los crímenes atroces que se siguen cometiendo, incluyendo el establecimiento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "la comunidad internacional hasta la fecha no ha aplicado una estrategia coordinada, integral y sólida", critican.
Los Estados miembros de la ONU, según el Centro, deben utilizar las pruebas recopiladas por el Grupo de Expertos para exigir la rendición de cuentas, incluso mediante la jurisdicción universal, y fortalecer y ampliar un sólido régimen de sanciones individuales contra los perpetradores al más alto nivel.
Los gobiernos latinoamericanos, junto con la Unión Europea y otros aliados, y en estrecha consulta con la sociedad civil nicaragüense, deben intensificar sus esfuerzos para garantizar una respuesta coordinada, coherente e integral a la crisis, que priorice la protección de los derechos humanos y la reforma democrática.
Las violaciones en Nicaragua
El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger señala que, desde 2018, la represión del régimen ha escalado de manera significativa, con miles de personas siendo objeto de persecuciones, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados.
La dictadura ha implementado una estrategia sistemática para silenciar cualquier forma de oposición, lo que ha colocado al país en una situación crítica. La comunidad internacional se encuentra ante una de las crisis más graves en la región, y el informe advierte que la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos hasta la fecha ha permitido que la represión continúe de manera impune.
Entre los grupos más afectados por estas violaciones se encuentran defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos, periodistas y líderes religiosos, quienes han sido objeto de ataques, detenciones y hostigamiento.
Otros países en el listado son Afganistán, Haití, Venezuela, Myanmar, Ucrania, Sudán y Siria