China califica de “democrática” la Constitución nicaragüense que impone una dictadura familiar

El régimen de China ha avalado públicamente la reforma constitucional que transforma a Nicaragua en un Estado sin separación de poderes y otorga a la Presidencia —en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marido y mujer— un dominio absoluto sobre el país.

La enmienda, que concentra el control del Ejecutivo sobre el Legislativo, el Judicial, el Electoral y las instituciones de seguridad, ha sido calificada como una “Constitución revolucionaria y democrática” por el embajador chino en Managua, Chen Xi, quien celebró la instauración de un modelo de gobierno que elimina el equilibrio de poderes y permite la reelección indefinida bajo una “copresidencia” familiar.

El diplomático chino destacó la "gran responsabilidad y compromiso" de los codictadores Ortega y Murillo en lo que describió como un esfuerzo por dirigir a Nicaragua hacia un "futuro más brillante". En un acto oficial de entrega de buses, Xi saludó la publicación de la nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.

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La reforma constitucional, que entró en vigor el mes pasado, ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Gobierno de Estados Unidos. La enmienda amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, establece la figura de "copresidenta" para Rosario Murillo y otorga al Ejecutivo la facultad de "coordinar" todos los órganos del Estado, que dejan de ser poderes independientes.

Los superpoderes de la Presidencia

La reforma constitucional establece que el "poder revolucionario" lo ejerce directamente el pueblo, pero en la práctica, este poder se centraliza completamente en la Presidencia de la República. 

La nueva Carta Magna convierte a la Presidencia en la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía y el Ministerio del Interior, otorgándole un poder sin precedentes. Además, la Presidencia podrá ordenar la intervención militar cuando considere que la estabilidad de la República está en riesgo (argumento que usaron contra las protestas de 2018), sin necesidad de aprobación legislativa.

Otro punto clave de la reforma es la legalización de la apatridia, lo que permitirá al régimen despojar de la nacionalidad a opositores y críticos. Asimismo, se crean las "fuerzas militares de reserva patriótica" y la "policía voluntaria", grupos que la oposición denuncia como fuerzas parapoliciales y paramilitares destinadas a reprimir la disidencia.

La reforma también impone mayores restricciones a los medios de comunicación, prohibiendo la difusión de noticias que la dictadura considere "falsas" o que atenten contra los intereses del Estado. Además, declara como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), consolidando la identidad del partido de gobierno como un elemento estatal.

Daniel Ortega, de 79 años, ha gobernado Nicaragua desde 2007 en medio de denuncias de fraudes electorales y eliminación sistemática de la oposición. Con la nueva Constitución, el régimen orteguista sella su control absoluto sobre el país, mientras cuenta con el respaldo abierto de China, que ha defendido la reforma como un avance en la estabilidad política y social de Nicaragua.