Funcionarios de la dictadura "candidatos" a nuevas sanciones de EEUU por facilitar la migración irregular

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a funcionarios extranjeros y todas aquellas personas que faciliten la migración irregular hacia su territorio. Esta medida pone en la mira a funcionarios de inmigración, aduanas y autoridades portuarias, que de manera deliberada permiten el tránsito de inmigrantes que tienen como destino final Estados Unidos a través de la frontera con México.

En el contexto de Nicaragua, los funcionarios y operadores que han facilitado un monumental tráfico de inmigrantes bajo las órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo son fuertes candidatos a las restricciones de visado establecidas por Estados Unidos y anunciadas este 5 de marzo por el Departamento de Estado.

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Los antecedentes son abundantes: en noviembre de 2023, Washington decidió sancionar a quienes estaban detrás de migración irregular vía Nicaragua, ante la inusual llegada de vuelos chárter a Managua. Tres meses después la política de restricción de visados fue ampliada para incluir a operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

Como parte de acciones de Estados Unidos para frenar el negocio de la migración ha cerrado 70 rutas de vuelos chárter utilizadas para el tráfico de migrantes, incluyendo conexiones con Nicaragua, Cuba y Libia, reportó este enero el Departamento de Estado.

Las operaciones de vuelos chárter procedentes de África, Asia y Europa fue alertada y ampliamente documentada por medios de comunicación independientes. En correspondencia, entre junio y septiembre de 2024, Estados Unidos impuso restricciones de visado a funcionarios de aerolíneas por facilitar vuelos chárter diseñados para migrantes irregulares vía Managua.

La dictadura en el foco de EEUU

En declaraciones a DESPACHO 505, el entonces encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, tildó de "preocupante" la política de puertas abiertas que aplica la dictadura de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular.

"Es inaceptable que las personas intenten aprovecharse de Nicaragua como trampolín para entrar a los Estados Unidos. Y las medidas del régimen de (Daniel) Ortega (y Rosario) Murillo para promover eso, son preocupantes”, reprochó Nichols.

Nicaragua comenzó a a ubicarse como paso "estratégico" para la migración irregular hacia Estados Unidos a partir de noviembre de 2022, cuendo Daniel Ortega ordenó eliminar el requisito de visado para los ciudadanos de Cuba. Casi de inmediato la ruta Managua – La Habana se convirtió en una de las de mayor demanda y comenzó a ser aprovechada como una vía más rápida para avanzar en la ruta del llamado sueño americano. A raíz de ello se activó un lucratvo negocio de traslado de migrantes desde África, Asia y Europa.

El programa de Migración Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano documentó entre agosto y ocutubre de 2024 la llegada a Managua de 268 vuelos chárter procedentes de Puerto Príncipe transportado a más de 30.000 haitianos. El lucro para las autoridades migratorias lo estimó los 6.3 millones de dólares solo en esa ruta, quedando al descubierto el oscuro negocio del régimen con la migración irregular.

Ampliación de sanciones

La Administración de Donald Trump anunció este miércoles que vetará las visas a los funcionarios de otros países que faciliten los flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos.

"Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

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Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la restricción de visas se aplicará a los funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos los de inmigración y aduanas, los de autoridades aeroportuarias y portuarias y otras personas que se cree que son responsables de facilitar deliberadamente la inmigración ilegal".

Rubio advirtió que las las medidas se mantendrán hasta que los funcionarios "asuman la responsabilidad de garantizar que se establezcan políticas y se apliquen las leyes vigentes para impedir el tránsito de esas personas".