Opositores: La maquinaria del terror de Ortega y Murillo ya está identificada, quedan dos caminos: sanciones y justicia

Expertos de Naciones Unidas han hecho una minuciosa y demoledora reconstrucción de la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de 2018, identificando a la institución militar como responsable de las graves violaciones que se cometieron, incluidas ejecuciones extrajudiciales. El informe, es una radiografía del modelo de terror y criminalidad impuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Quedan dos rutas clave: sanciones y búsqueda de justicia, aportan opositores.

La excarcelada política y exguerrillera Dora María Téllez destaca que el informe es contundente porque identifica la red responsables de la represión criminal, así como de todos los que participan en la supresión de libertades y el sometimiento de los ciudadanos bajo un esquema de vigilancia y espionaje que impone terror.

Para el politólogo Félix Maradiaga, uno de los grandes aportes del trabajo de los expertos de la ONU es que se identifica claramante al Ejército, al mando del general Julio César Avilés, como autor de acciones criminales. Mandar a militares a los frentes de represión, "a pesar de saber que esto excedían sus funciones en materia de seguridad pública, no solo refuerza la complicidad del Ejército con la dictadura, sino que lo convierte en responsable de crímenes de lesa humanidad", señala.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua adscrito a Naciones Unidas, revela que en abril de 2018, cuando miles de ciudadanos se manifestaron exigiendo la salida de Ortega del poder, el general Avilés ordenó que militares activos vestidos de civil, se sumaran a los policías y paramilitares en las tareas de represión de las protestas que dejaron al menos a 355 asesinatos impunes. Por esa acción, la institución “debe ser juzgada”, determinan.

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Según los investigadores, los soldados participaron de forma camuflada en ejecuciones extrajudiciales lo que, a juicio de Maradiaga, "demuestra la intención deliberada de ocultar la intervención militar y encubrir los asesinatos perpetrados contra ciudadanos nicaragüenses".

Otro aspecto relevante es que se reafirma "la naturaleza criminal de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo, que no solo ha utilizado a la Policía y a grupos paramilitares para reprimir, sino que ha incorporado al Ejército como parte de su maquinaria de terror”, apuntó.

Ortega y Murillo a la cabeza del terror

Por su lado, Dora María Téllez califica como valioso el hecho de que en el informe queda demostrado que “Daniel Ortega y Rosario Murillo están en la cabeza de este régimen de terror impuesto sobre los nicaragüenses”, dice rifiriéndose a un complejo tendido de espionaje y vigilancia que se mantiene activo con recursos del Estado. 

“Estos mecanismos de espionaje, vigilancia, asedio y terror no afectan solo a los opositores, sino a toda la sociedad nicaragüense. El problema no es únicamente la persecución política, sino que cualquier persona puede ser blanco de represión. Nadie puede expresar libremente su opinión, asistir a su culto religioso sin restricciones o ejercer su profesión con autonomía. Los sacerdotes no pueden realizar su labor con plena libertad, los profesores universitarios han perdido la libertad de cátedra, y tanto la autonomía municipal como la universitaria han sido eliminadas”, señaló Téllez en declaraciones a DESPACHO 505.

“Ortega y Murillo están llevando al Nicaragua a la peor a la peor de sus condiciones”, en materia de derechos humanos y democracia alerta la exguerrilera. Ante las contundencia de los hallazgos hechos por los expertos de la ONU, ella opina que  la comunidad internacional debe actuar por medio de la imposicion de “sanciones”.

Informe fortalece búsqueda de la justicia

En materia de derechos humanos -dice el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión- el informe es de gran valor para la búsqueda de justicia.

Carrión, quien es miembro del Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más,  explica que el documento es clave en la ruta para la restitución de los derechos ciudadanos y, en particular, de las víctimas. Además es determinante para identificar a los perpetradores, los abusadores del poder y los que ordenaron, así como los responsables intelectuales y los responsables materiales no queden en la impunidad”, puntualizó.

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Carrión califica el informe como “oportuno”, ya que considera que “fortalece la lucha por la justicia y refuerza el compromiso de no olvidar que los crímenes de lesa humanidad, aún en la impunidad, tienen un límite. Los responsables—torturadores, ejecutores y quienes ordenaron la muerte de centenares de personas—tendrán que rendir cuentas como perpetradores”, advirtió.