Ortega y Murillo han dado “el golpe final al Estado de derecho”, la ONU pide acción global urgente

Daniel Ortega y Rosario Murillo han desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no han dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, denunció este miércoles el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU. 

La investigación y toda la información reunida por este Grupo señalan que Ortega y Murillo “han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario”, donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque éstas han sido silenciadas tras una persecución que va más allá de las fronteras del país. 

“En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua, y Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población”, ha comentado el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.

Reforma constitucional acabó con el Estado de derecho

Desde abril de 2018, el régimen ha ejecutado una estrategia progresiva para afianzar un control absoluto. Para lograrlo, ha llevado a cabo sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos, como ha documentado el Grupo.  

“Esta tendencia ha culminado en una reforma constitucional diseñada para cimentar una autoridad ejecutiva sin control: el golpe final al Estado de derecho y a las libertades básicas en Nicaragua, desmantelando lo poco que quedaba de controles y equilibrios institucionales”, detalla el informe.

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La reforma constitucional eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, lo que ha dado lugar a un poder ejecutivo con dominio absoluto.

La consecuencia concreta de esa reforma ha sido que los poderes judicial, legislativo y electoral se han convertido en simples «órganos coordinados” por la presidencia.

Urgen acción global ante crímenes de lesa humanidad

Los expertos enfatizaron que algunas de las violaciones identificadas en este informe siguen patrones previamente establecidos como crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos. 

Como parte de su investigación, el Grupo ha recopilado una lista de personas —además de Ortega y Murillo— que podrían ser responsables de estas violaciones y crímenes. Estos nombres serán transmitidos al Gobierno de Nicaragua y a los individuos involucrados, y se harán públicos antes de la conclusión de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de abril, una vez que hayan tenido la oportunidad de responder. 

Los expertos instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense.  

Llamaron a brindar mayor apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo medios de comunicación independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos. 

El informe también recomendó emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión. 

Los expertos subrayaron la necesidad de medidas urgentes para proteger a los nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad o forzados al exilio. Los gobiernos deberían garantizar procesos de asilo rápidos y justos, facilitar los procedimientos administrativos para estudiantes y reconocer títulos de profesionales exiliados, y tomar medidas proactivas para contrarrestar la represión transnacional. 

También instaron a que estos hallazgos sean incorporados en decisiones económicas internacionales clave, incluyendo evaluaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la gobernanza financiera de Nicaragua y acuerdos comerciales preferenciales.