“En Nicaragua, toda la población es vigilada”: así opera la red de espionaje de la dictadura

En Nicaragua “toda la población es vigilada”. Es la rotunda conclusión a la que llegó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas tras investigar cómo operan los servicios de inteligencia que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó desde abril de 2018 para reprimir, intimidar, amenazar y encarcelar a opositores, pero que en los últimos años se ha convertido en una monstruosa red de espionaje.  

El trabajo de los expertos ha permitido identificar la red clave en las tareas de vigilancia, así como los roles asignados a cada agente para poner en marcha una maquinaria de represión bien engranada. A la cabeza de este operativo de supervigilancia y control está la Policía a través de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, unidad al mando de Zhukov Serrano Pérez. 

Serrano Pérez es quien está al mando de un centro de información e inteligencia que “se utiliza para identificar y obtener información sobre personas opositoras o percibidas como tales y vigilarlas, amenazarlas y acosarlas”. Todo lo que llega a esa central de vigilancia está a disposición de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua. Su acceso es “ilimitado”, dice el Grupo de Expertos, creado  por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022 para investigar las violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el país desde abril de 2018.

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Además de la Policía y el Ejército se suman a la estructura de espionaje el Ministerio del Interior, el Sistema Penitenciario Nacional, la Unidad de Análisis Financiero, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Como pieza clave para garantizar que el espionaje se lleve a nivel nacional aparece el Ministerio de Salud (Minsa). Según la información recabada por los expertos de la ONU, las labores de censo sanitario constituyen una herramienta determinante para masificar la vigilancia. También hacen parte del esquema la Dirección de Auxilio Judicial, también conocida como  El Chipote -la cárcel de tortura por la que han pasado centenares de prisioneros políticos, las llamadas Unidades de Victoria y los grupos parapoliciales.

Los investigadores de la ONU advierten sobre una “progresiva intensificación de la vigilancia” en el país a partir de 2023 en la que interviene toda la estructura del Estado con una participación directa de la Policía, los servicios de inteligencia, las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN ) y los grupos armados bajo las órdenes de Ortega y Murillo. Si bien mantienen como objetivos principales a ciudadanos identificados como opositores, a los que incluso someten a reportarse a diario en las estaciones policiales, alertan que el esquema está diseñado para espiar a toda la población, incluso mediante la intervención de las comunicaciones personales.

“Esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud”. 

En el caso de los opositores, los expertos documentan que la vigilancia es tan extrema que muchos son forzados a enviar mensajes de WhatsApp con fotos, detalles sobre su paradero y de las personas con las que pretenden reunirse”.

Entre otras cosas, lograron identificar casos de nicaragüenses forzados al exilio que, pese a encontrarse en el extranjero seguían siendo acosados y “presionados” por mandos policiales para que enviaran fotografías desde sus países de residencia.

¿Quién es quién en el aparato de vigilancia y cómo operan?

El Ministerio de Salud aparece en el reporte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU como la pieza peligrosa en el esquema de espionaje, pues se aprovecha de su autoridad como rector de la salud para recabar información sensible de los ciudadanos, con fines represivos.

El Grupo de Expertos constató que la Comisión incluyó en dicho censo preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas. Los centros informáticos de los municipios registran la información que las personas facilitan en los formularios censales del Ministerio de Salud, revela el informe.

Medios de comunicación independientes han documentado que el régimen ha instrumentalizado las campañas sanitarias así como intrumentos de medición como los censos. En agosto del 2023, la dictadura ordenó realizar un Censo Nacional de Población con fines de espionaje, para ello creó la Comisión Nacional de Censo integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la presidirá; Inide; Banco Central de Nicaragua; Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal; Instituto de la Vivienda Urbana y Rural; Ministerio Agropecuario; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua, quienes tendrían la tarea de visitar las viviendas de los nicaragüenses.

Para lograr este objetivo, la dictadura reclutó a todos los trabajadores del Estado, quienes fueron obligados a realizar visita casa a casa en todo el país, como parte del trabajo de espionaje.

También, el régimen ordenó a todas las instituciones del Ejecutivo -y exhortó a las alcaldías municipales-, "a colaborar con las autoridades del Inide en la ejecución del IX Censo Nacional de Población, V Censo Nacional de Vivienda y V Censo Nacional Agropecuario".

Una investigación de DESPACHO 505 reveló en 2024, que la Alcaldía de Managua ha invertido al menos 4.4 millones de dólares en ampliar un circuito cerrado de videovigilancia para controlar en tiempo real -24/7- todo lo que se mueve en la vía pública. 

Expertos alertaron del robustencimiento de un sistema para aumentar el control y la vigilancia que se impone en el país desde 2018.

El Chipote, interrogatorios 

De acuerdo con la investigación de los expertos de la ONU, desde abril de 2018, tanto actores estatales como no estatales han vigilado, intimidado y perseguido constantemente a personas opositoras o percibidas como tales, a sus familias, así como a individuos capaces de movilización social y liderazgo.

Parte de esta tarea es asumida por el personal de la Dirección de Auxilio Judicial. Lo hacen recabando información durante los interrogatorios.

La Unidad de Análisis Financiero ayuda a identificar las cuentas bancarias de los opositores que deben embargarse.

Las Unidades de Victoria también contribuyen a recopilar información y a vigilar e intimidar a opositores, funcionarios públicos, periodistas, estudiantes, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos e incluso a miembros del FSLN, entre otros.

Granja de troles

TELCOR también proporcionó información sobre opositores a la Policía, obtenida por interceptaciones ilegales de las comunicaciones de sus usuarios. Esta práctica se legalizó en 2024, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley número 1223, que faculta a TELCOR para vigilar, interceptar y bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, así como para geolocalizar a personas, en nombre de la preservación de la seguridad nacional y el orden público.

Estas actividades han instalado un clima de miedo y autocensura en torno a la publicación de noticias o el intercambio de información en línea. Los nicaragüenses residentes en el exterior también se abstienen de comunicarse con sus familiares en el país por temor a que sus llamadas y mensajes puedan ser interceptados.

TELCOR también alberga “granjas de trolls” que trabajan desde el Centro de Convenciones PAEBANIC, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (INATEC), las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y la sede de TELCOR. Estas granjas son controladas por la Red de Jóvenes Comunicadores y la Secretaría Nacional de Organización del FSLN y responden a la Vicepresidenta. Acosan, amenazan y desacreditan a los opositores, al tiempo que difunden desinformación.