ONU: El Ejército de Nicaragua cometió ejecuciones extrajudiciales en 2018

El Ejército de Nicaragua al mando del general Julio César Avilés cometió ejecuciones extrajudiciales durante la represión a las protestas del año 2018 contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así lo confirma el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua en un nuevo informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.  

El Grupo señala al Ejército como parte activa de la represión tras un año de investigación en la que confirma que la institución también sería responsable de crímenes de lesa humanidad. La ONU desmonta la versión inicial del Ejército de Nicaragua que mantiene que “su papel durante la crisis se limitó a proteger activos estratégicos” y ha negado su participación en la represión.

“El Grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”, indica el informe que ya fue remitido al régimen Ortega Murillo.

El general Julio César Avilés ha participado activamente en la estructura represiva desde abril de 2018, confirman los expertos de la ONU.  

“El comandante en jefe del Ejército ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas”, señalan. 

La participación del Ejército en la represión  

Los expertos detallan la participación de la institución castrense en un amplio y contundente informe que da cuenta sobre los crímenes cometidos por la dictadura, identifica a presuntos responsables y pide iniciar procesos de investigación penales contra los implicados.

El 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, y de Personal y Cuadros, en la que se dijo que el país se enfrentaba a un "golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales". El Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Bayardo Rodríguez leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.

El uso sistemático y deliberado de armas letales -algunas reservadas exclusivamente para uso militar-, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que “su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.  

El Grupo determinó que “el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones”, proporcionó armamento a la policía y a los grupos armados progubernamentales (paramilitares), llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos. 

“Las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la policía, el ejército y grupos armados progubernamentales”, dicen. 

La Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.  

Los miembros de estos dos últimos cuerpos “utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones”. Comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno. 

Avilés participó en destierro de opositores 

Sobre los destierros, el Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua ha determinado que la expulsión de nacionales forma parte de un plan dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo para eliminar cualquier forma de disidencia.  

Todos los nicaragüenses expulsados forzosamente del país lo fueron por razones políticas y quedaron en una situación de aguda vulnerabilidad, sin acceso a un recurso efectivo. En ese plan intervienen varias instituciones del Estado, incluido el Ejército. 

“El Ejército también desempeñó un papel central en la ejecución de las expulsiones. El jefe y miembros de la Dirección de Información para la Defensa se dedicaron a la vigilancia política de personas críticas con el Gobierno”, detallan.  

Esta Dirección intercambiaba inteligencia con miembros de alto rango del FSLN y de la Dirección de Inteligencia Policial para identificar a las personas a expulsar. El viceministro del Interior, Luis Cañas, decidía a quién expulsar basándose en esta información.  

“Siguiendo las órdenes del presidente (Ortega), el comandante en Jefe del Ejército, estuvo presente y facilitó el acceso al sector militar del aeropuerto internacional de Managua para las expulsiones de los 222 y 135 ex detenidos en febrero de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente”, revela el Grupo.  

En el informe también está documentada la participación de miembros del IV Comando Militar Regional en al menos cinco expulsiones a través de pasos fronterizos terrestres con Costa Rica en coordinación con la policía. 

Deben ser juzgados 

El Grupo tiene motivos razonables para creer que Daniel Ortega y Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado y miembros del FSLN identificados por el Grupo han participado en los crímenes descritos en sus informes y, por lo tanto, considera que deben ser objeto de investigaciones judiciales para determinar su responsabilidad penal individual.  

Los autores directos de los crímenes documentados, sus supervisores inmediatos y otras personas de rango superior en la cadena de mando también pueden ser responsables de conductas delictivas. 

En ese sentido, los expertos instaron a la comunidad internacional hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuentas en virtud del derecho internacional, adoptando medidas de rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de obligaciones internacionales, en particular en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.