Nueva Ley de Contrataciones promueve corrupción e impunidad en el Ejército y la Policía

La nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, aprobada este martes por los diputados en la Asamblea Nacional, promueve la corrupción y otorga impunidad a los mandos del Ejército y la Policía, porque les permite realizar compras sin control y sin rendir cuentas a nadie.

La nueva Ley de Contrataciones, en su artículo 4, numeral 2, excluye del control del Estado a: “La adquisición de bienes, medios y equipos destinados exclusivamente para salvaguardar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la paz, la seguridad, la defensa nacional, seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno”.

El mayor del Ejército en condición de retiro y analista de temas de Defensa, Roberto Samcam, y el politólogo Félix Maradiaga, sostienen que la nueva ley representa el pago por la lealtad tanto del Ejército como de la Policía a la dictadura Ortega-Murillo.

Samcam sostiene que esa legislación les da “puerta libre” a los militares y policías para consolidar un esquema de corrupción ya establecido, pero ahora amparado por una ley que los cubre de impunidad.

En tanto, Maradiaga coincide en que la Ley de Contrataciones que ordenó Ortega no es una simple legislación administrativa, sino un blindaje de impunidad para los cuerpos represivos porque quedan “exentos de cualquier control sobre la adquisición de medios y equipos”. Además, constituye un paso más en la consolidación del Estado policial en Nicaragua. 

El opositor sostiene que dejar fuera de control, la adquisición de medios y equipos para el Ejército y la Policía es una decisión “con profundas implicaciones en términos de corrupción, represión y subordinación de las fuerzas armadas y policiales a los intereses exclusivos de la dictadura”.

Circuito de corrupción

En términos prácticos, Maradiaga considera que la disposición convierte las adquisiciones del Ejército y la Policía en un “circuito cerrado de impunidad, donde no habrá forma de fiscalizar qué se compra, a quién se compra y con qué finalidad”. 

“Tienen discrecionalidad absoluta en la compra de armamento, tecnología de vigilancia y otros medios represivos, lo que refuerza el carácter de estas instituciones como instrumentos de control político y no como órganos de defensa y seguridad al servicio de la nación”, advierte el analista.

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La nueva legislación también abre de par en par la puerta a un mayor involucramiento de potencias extranjeras en el suministro de equipos y fuerzas represivas. Tal es el caso de Rusia, China e Irán, quienes ya han demostrado su disposición de dotar de tecnología militar y de espionaje a regímenes afines.

“Esta exclusión de controles en las contrataciones facilita acuerdos oscuros con estos actores sin ninguna supervisión nacional ni internacional”, agrega Maradiaga.

Al manejarse fondos y adquisiciones sin control, en el Ejército y la Policía se fortalece “una estructura de corrupción donde altos mandos podrán gestionar contratos millonarios con empresas afines al régimen, sin que se sepa adónde va el dinero”.

Con esa medida, los tiranos buscan consolidar el control absoluto sobre las dos instituciones. Sin embargo, esos niveles de impunidad y corrupción plantean una interrogante de fondo: “¿Es sostenible una estructura de seguridad sin ningún tipo de fiscalización, donde el uso de recursos públicos queda en la más absoluta sombra?”, cuestiona.

Asimismo, sostiene que la historia demuestra que regímenes que entregan poder irrestricto a sus fuerzas de seguridad terminan dependiendo de ellas para su propia supervivencia, a costa de la paz y la libertad de la ciudadanía. En este caso, Nicaragua no es la excepción: los tiranos pueden caer víctimas de sus propias fuerzas represivas por el nivel de corrupción.

Ambos analistas apuntan que uno de los resultados preocupantes es que habrá mayor represión interna tras aumentar la capacidad de espionaje y control de la disidencia. Además, dado que el Ejército y la Policía han sido piezas clave en la persecución de opositores, esta nueva norma les garantiza el acceso a medios aún más sofisticados de vigilancia y represión sin ningún tipo de control.