El Vaticano mantiene en sus cargos a cuatro obispos desterrados que Rosario Murillo no puede destituir

La última entrevista de monseñor Rolando Álvarez en la que se reafirmó como obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí desató la ira del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que asegura desconocer cualquier designación desde el Vaticano de “personas apátridas” en la jerarquía católica de Nicaragua. 

En una extensa nota de prensa cargada de descalificativos, el régimen rechazó cualquier autoridad vaticana sobre asuntos eclesiásticos dentro de Nicaragua y señaló que “nada autoriza” al Vaticano a otorgar nombramientos en su territorio.  

Esas designaciones, según Ortega y Murillo, son “inadmisibles, ilícitas e ilegales”. La rabieta de la dictadura se queda solo en discurso, pues no tienen la autoridad para destituir de sus cargos a los cuatro obispos que ha desterrado en medio de una campaña de persecución contra la Iglesia católica por su voz crítica contra los abusos de poder en el país.

Los obispos nicaragüenses desterrados 

En enero del año pasado fue desterrado el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, tras pasar 17 meses encarcelado. También fue desterrado el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, quien había sido detenido por mencionar al obispo Álvarez en una misa. En abril de 2019, había salido del país el Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez a petición del Papa porque supuestamente había un plan para matarlo. Después la dictadura le quitó la nacionalidad nicaragüense. El último desterrado ha sido el obispo de Jinotega, monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Su “delito” fue cuestionar el bullicio provocado por la Alcaldía durante una misa y llamar “sacrílego” al alcalde orteguista. 

Todos mantienen sus cargos por decisión del papa Francisco, que no ha realizado ningún cambio oficialmente. 

El destierro de monseñor Carlos Herrera en noviembre dejó acéfala a la Conferencia Episcopal, con un cardenal a la espera de jubilarse y cuatro diócesis con el mando a distancia.

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De esta forma, la Conferencia Episcopal de Nicaragua quedó con cuatro obispos y un cardenal dentro del territorio. Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la Diócesis de Granada; monseñor Marcial Guzmán, obispo de la Diócesis de Juigalpa; monseñor Francisco José Tijerino, obispo de la Diócesis de Bluefields; y monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la Diócesis de León. También está el cardenal Leopoldo Brenes como arzobispo de Managua a la espera de su retiro tras haber enviado su carta de renuncia al papa Francisco en marzo pasado cuando cumplió 75 años, según lo establece el derecho canónico. 

Diferencia entre Vaticano y Santa Sede  

La dictadura protesta ante el Vaticano por mantener en sus cargos a estos obispos pese a que ya no mantiene relaciones diplomáticas desde marzo de 2023, después de una entrevista del papa Francisco en la que calificó a Nicaragua como una “dictadura grosera” y habló de un posible “desequilibrio de la persona que dirige”, en referencia a Daniel Ortega. 

Una cosa son las relaciones diplomáticas entre Estados, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen cierto margen de maniobra al decidir si mantener relaciones con el Estado Vaticano o no.  

Otra cosa es la Santa Sede como Gobierno de la Iglesia católica universal en la que solo el Papa tiene la autoridad para realizar nombramientos de cardenales y obispos. 

Los obispos desterrados al mantener sus cargos ejercen la autoridad de gobierno de sus diócesis y pueden quitar y poner sacerdotes en las parroquias a su cargo. 

Para dejar sin efecto esa autoridad en el territorio, Ortega y Murillo tendrían que desterrarlos a todos, lo que acabaría con la Iglesia en un país profundamente cristiano.

El mecanismo de elección de un obispo  

En la Iglesia es el Papa quien designa libremente a los sacerdotes que han de ser consagrados obispos, según el Código de Derecho Canónico. 

La designación se hace bien mediante nombramiento directo. Es comprensible que el Papa necesita la ayuda de diversos organismos para poder llevar a cabo la elección: es imposible que conozca a todos los sacerdotes con condiciones para ser designados. Por eso, el Código Canónico establece un procedimiento para llevar a cabo la designación. 

Al menos cada tres años, los obispos de la provincia eclesiástica, los de la Conferencia Episcopal de cada país, deben elaborar de común acuerdo y bajo secreto una lista de sacerdotes que sean más idóneos para el episcopado, y han de enviar esa lista a la Santa Sede. 

Pero la decisión final es del Papa y no de las autoridades civiles, así lo establece el Código de Derecho Canónico: “no se concederá a las autoridades civiles ningún derecho ni privilegio de elección, nombramiento, presentación y designación de obispos.