ONU: La reforma constitucional profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas en Nicaragua

La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su "profunda preocupación" por la aprobación de las reformas constitucionales que consolida el control autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

La nueva Carta Magna nicaragüense contiene las 148 enmiendas que Daniel Ortega ordenó en noviembre de 2024 con las que, entre otras cosas, se asegura un poder absoluto sobre todos los poderes del Estado, y que representa un golpe a la democracia y la legalización del régimen dinástico así como de los abusos y violaciones a los derechos de los nicaragüenses que comete al amparo de la supuesta "defensa de la paz".

"La reforma constitucional concentra aún más el poder en la Presidencia, que pasa a coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral, mientras que elimina el artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes, junto con la referencia al pluralismo político. Asimismo, la reforma restringe la libertad de expresión y de prensa basándose en criterios vagos e indefinidos de bienestar, elimina el derecho a la huelga, debilita garantías procesales esenciales tales como el derecho a ser informado de los cargos y defensa adecuada y elimina la prohibición explícita de la tortura", señaló Andrés Sánchez Thorin, representante interino de OACNUDH.

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Sánchez Thorin agregó que "el 22 de noviembre de 2024, Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, había instado a los legisladores a rechazar la reforma debido a las serias preocupaciones en materia de derechos humanos..., (porque). ´supondrá la muerte de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Nicaragua, socavando aún más los ya frágiles controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo´”

La Asamblea Nacional, compuesta por 91 dipiutados, la mayoría sandinista, aprobó las reformas por unanimidad y sin oposición. Turk advirtió que la reforma representaba un golpe mortal a las libertades fundamentales y al Estado de derecho en Nicaragua.

Exterminio del estado de derecho

El representante interino de OACNUDH en la región, señaló que estas modificaciones comprometen seriamente la posibilidad de elecciones libres y justas en el país. "Un sistema democrático saludable requiere pluralismo político y la libertad de los ciudadanos para expresar sus preferencias sin temor a represalias", enfatizó.

La OACNUDH expresó también su preocupación por la pérdida de la nacionalidad por traición a la patria, y advirtió que esta medida "legaliza la práctica ya existente de despojar de su ciudadanía a personas consideradas opositoras, aumentando el riesgo de apatridia para muchos ciudadanos".

Asimismo, señaló que la reforma refuerza los mecanismos de control y represión, incluyendo leyes recientes que amplían la capacidad del Estado para perseguir a individuos y organizaciones tanto dentro como fuera del país.

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Añade que en el ámbito de seguridad y defensa, "la reforma otorga al Presidencia la facultad de ordenar intervenciones militares sin control adicional. Además, eleva a nivel constitucional a la Policía Voluntaria (...), y crea las fuerzas militares de reserva patriótica, conformadas en su mayoría por civiles voluntarios. En el caso de la Policía Voluntaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha podido documentar la vinculación de esta entidad con graves violaciones de derechos humanos en sus informes".