Diputados sepultan la democracia: la Constitución Sandinista es aprobada en su totalidad

La "Constitución Sandinista" que consolida el control autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua quedó aprobada este jueves con el voto unánime de los diputados de la Asamblea Nacional.  La nueva Carta Magna contiene las 148 enmiendas que Daniel Ortega ordenó en noviembre de 2024 con las que, entre otras cosas, se asegura un poder absoluto sobre todos los poderes del Estado. Es un golpe a la democracia y la legalización del régimen dinástico así como de los abusos y violaciones a los derechos de los nicaragüenses que comete al amparo de la supuesta "defensa de la paz".

Con la aprobacion de los artículos 12, 13, 14 y 15 de las Reformas Constitucionales, el dictador Daniel Ortega selló el sometimiento de los diferentes poderes del Estado al Ejecutivo que a partir de ahora serán coordinado por Ortega y Rosario Murillo como Copresidentes.

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Tanto la Asamblea Nacional, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Consejo Supremo Electoral (CSE), pierden su autonomía y se someten a la voluntad de Ortega y Murillo, que a partir de ahora no solo legislarán, sino que serán juez y parte en Nicaragua, al intervenir directamente en la aplicación de justicia y en la organización de procesos electorales en el país. 

Asimismo, eliminó los derechos fundamentales con la derogación de 37 artículos, incluido el que prohibía la práctica de la tortura y el recurso de Habeas Corpus. Estos cambios fueron ordenados por el dictador sandinista de 79 años, los últimos 18 aferrado al poder de manera consecutiva.

Apatridia y confiscaciones

De igual forma, legalizó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense por asuntos políticos, bajo la presunción de traición a la patria, en juicios arbitrarios y sin garantías procesales. Un derecho, considerado fundamental, y que viola la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), de la cual Nicaragua es suscriptor.

Las reformas constitucionales han sido duramente criticadas por la ONU; la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y opositores nicaragüenses, porque legaliza la apatridia, y además, crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar para reprimir a los nicaragüenses.

En el marco institucional, la reforma extiende de cinco a seis años los periodos de los "Copresidentes", magistrados, del jefe del Ejército y de la Policía. En consecuencia, el general Julio César Avilés y el comisionado Francisco Díaz han sido ratificados en sus cargos, consolidando el control de la familia Ortega Murillo sobre las instituciones armadas. En el caso de los Copresidentes los faculta para nombrar a los vicepresidentes que consideren necesarios, un cargo que será a discreción.

El diputado sandinista Edwin Castro, confirmó que las reformas constitucionales tenían como fin someter a los diferentes poderes del Estado a la voluntad del dictador, argumentando de que se trata de un poder único.

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"Hemos concluido un trabajo de reformar nuestra Constitución Política plasmando nuestra realidad actual. Toda Constitución Política se debe ir adecuando de acuerdo a la realidad social y esta Constitución requería este análisis y deja claro que el soberano, el dueño del Poder, es el Pueblo y que en Nicaragua solo existe un único poder", dijo el vitalicio diputado.

Añadió que todas las instituciones del Estado estarán bajo el servicio de Ortega basado en "un modelo revolucionario con orientación socialista y espíritu cristiano dentro de una realidad nicaragüense".