Desalojan a las monjas clarisas de sus monasterios en Managua, Chinandega y Matagalpa

La dictadura ordenó el desalojo de las monjas clarisas de sus dos monasterios en Managua, Chinandega y Matagalpa. La orden llega 20 meses después de la cancelación de la personería jurídica de esta congregación religiosa, que es la versión femenina de los franciscanos, también cancelada en el año 2023. 

La investigadora Martha Patricia Molina, que ha documentado los ataques del régimen contra las congregaciones religiosas en Nicaragua, denunció que las monjas de la Orden de Santa Clara fueron notificadas que deben de abandonar sus propiedades.  

“Solamente dejaron que sacaran pocas pertenencias, lo que alcanzaba apenas en sus manos. La mayoría de las religiosas son nicaragüenses. Se desconoce el paradero de ellas”, denunció la abogada.  

El monasterio de las monjas clarisas en Managua está ubicado en el kilómetro 11 de carretera vieja a León. El monasterio de Chinandega está ubicado en la comarca Las Grecias. En Matagalpa tenían su convento en el municipio de Ciudad Darío. Se calcula que al menos 30 monjas fueron desalojadas. 

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Las propiedades de las clarisas serían confiscadas por el régimen de Ortega y el desalojo ocurrió este martes 28 de enero, el mismo día en que se reportó el saqueo de la Curia Episcopal de Matagalpa, residencia de monseñor Rolando Álvarez, un edificio que estaba tomado por la Policía Orteguista desde la detención del obispo en agosto de 2022. 

Más congregaciones abandonan el país  

Tras más de cincuenta años de servicio pastoral en Nicaragua, la orden religiosa de los Frailes Carmelitas Descalzos confirmó su salida del país la semana pasada.  

La salida de la orden religiosa fue anunciada en la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe, en El Salvador, donde tienen su sede.

Desde el año 2018, la Iglesia católica en Nicaragua ha estado enfrentando una creciente persecución por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las tensiones con la Iglesia se intensificaron durante las protestas sociales de ese año, en las que los templos sirvieron como refugio para los manifestantes opositores que eran reprimidos por policías y paramilitares. 

Obispos y sacerdotes han sido objeto de acoso, amenazas, expulsiones y exilio forzado. Las autoridades también han acusado a la Iglesia de ser cómplice de las protestas, lo que ha provocado un ambiente de hostilidad hacia la institución religiosa. 

En mayo de 2023, el régimen canceló la personalidad jurídica de la Orden de las Hermanas Clarisas Franciscanas, también de la fraternidad franciscana. En julio de ese año, cuatro religiosas de la Fraternidad Hermanas de los Pobres de Jesucristo abandonaron el país después que migración no autorizó la extensión de sus visas. 

Otras tres religiosas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, encargadas de un asilo de ancianos de la ciudad de Rivas, al sur de Managua, dejaron el país ese año.