Alertan sobre centralización estatal de la economía en la nueva Constitución

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 22 de enero una serie de reformas constitucionales que refuerzan el discurso centralizador del régimen de Daniel Ortega. Entre las modificaciones más relevantes destaca el nuevo enfoque del artículo 98, que otorga al Estado un rol predominante en la economía bajo el pretexto de combatir la pobreza y garantizar el desarrollo sostenible.

Según el texto reformado, “la función principal del Estado en la economía es impulsar la actividad productiva y comercial, creando condiciones para que los protagonistas realicen su actividad económica, productiva y laboral”.

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Sin embargo, detrás de esta declaración aparentemente inclusiva, se esconde una estrategia que busca fortalecer el control del régimen sobre los sectores productivos y limitar el margen de acción de los actores independientes.

Para el politólogo Félix Maradiaga esta reforma es "una señal grave del enfoque totalitario del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo". Maradiaga señala que el lenguaje ambiguo del texto deja entrever una intención clara de "consolidar aún más el control de la dictadura sobre los sectores económicos prioritarios".

Además, destaca que esta estrategia se ha observado históricamente en regímenes autoritarios donde el control estatal de la economía no busca el beneficio colectivo, sino la lealtad política.

"Estas reformas abren la puerta a prácticas como el castigo a opositores, la reducción de la competencia y el control ideológico a través de la economía", advierte. Empresarios críticos ya han sufrido expropiaciones y exclusión de recursos.

Sector privado debilitado son Estado de derecho 

Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña analizó que priorizar al Estado en la economía "limita la competencia en sectores clave, fomenta ineficiencia y corrupción y afecta directamente a la calidad de servicios públicos esenciales".

Según Peña, esta centralización del poder económico podría derivar en un modelo donde las decisiones no respondan a la eficiencia económica, sino a intereses políticos.

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Aunque el régimen menciona una supuesta colaboración público-privada, "sin independencia judicial ni contrapesos institucionales, no hay garantías de que el sector privado pueda operar de manera autónoma frente al poder del Estado".

La reforma al artículo 98, más allá de los argumentos oficiales, ha sido catalogada por analistas como un arma política para debilitar a los actores económicos independientes y perpetuar el modelo autoritario del régimen Ortega-Murillo. Esta medida no solo amenaza el crecimiento económico sostenible, sino también los derechos fundamentales y el pluralismo económico, pilares esenciales de una sociedad democrática.