Aprueban reformas constitucionales sobre derechos fundamentales y debido proceso que son violados por el régimen

La Asamblea Nacional aprobó otra parte de las reformas constitucionales que abarcan derechos al debido proceso y la prohibición de confiscaciones, constantemente violados por la dictadura de Daniel Ortega.

Estas reformas forman parte de una segunda aprobación impulsada por el oficialismo, enmarcadas en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano 2022-2026, según la dictadura. Entre los artículos aprobados destacan garantías sobre los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Contradicciones

A pesar de que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe las confiscaciones, múltiples denuncias documentan que esta práctica ha sido recurrente en los últimos años.

Organizaciones nacionales e internacionales han señalado casos donde propiedades de opositores políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación han sido incautadas sin los debidos procesos legales, en lo que muchos consideran un uso arbitrario del poder estatal para reprimir la disidencia.

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Por ejemplo, medios como Confidencial, 100% Noticias y La Prensa fueron despojados de sus instalaciones, mientras sus líderes eran encarcelados o forzados al exilio.

Esto contrasta con las declaraciones del diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien afirmó que “aquí no hay prácticas de confiscación”, sino “declaratorias de utilidad pública” con indemnización.

El debido proceso, una promesa vacía

La reforma aprobada también subraya la importancia del debido proceso, una garantía que, según la Constitución, debe proteger a los ciudadanos de arrestos arbitrarios y garantizar juicios justos. No obstante, en la práctica, esto ha sido sistemáticamente ignorado.

Los presos políticos, muchos de los cuales han sido detenidos sin órdenes judiciales ni acceso a una defensa adecuada, son un ejemplo claro de cómo este principio ha sido vaciado de contenido.

Organismos de derechos humanos han detallado cómo las instituciones judiciales de Nicaragua actúan al servicio del régimen erosionando cualquier independencia necesaria para garantizar justicia.