Reforma aprobada: Ortega y Murillo inscriben su dictadura en la Constitución

La Asamblea Nacional aprobó este martes en segunda legislatura la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que institucionaliza una tiranía dinástica en el país, con Daniel Ortega y Rosario Murillo como jefes supremos del Estado.

Con este trámite acaba el recorrido parlamentario de las enmiendas a la Carta Magna enviadas a finales de noviembre de 2024 por Ortega con las cuales asegura la concentración del poder y el sometimiento de todo el aparato estatal a su autoridad y la de su mujer con quien por compartirá la Presidencia por ley y al margen del apoyo popular. Lo que sigue es el cumplimiento del requisito de publicidad en La Gaceta, Diario Oficial para su entrada en vigor.

El texto que a partir de ahora regirá el país contiene las 108 reformas ordenadas por el dictador sandinista de 79 años, los últimos 18 aferrado al poder de manera consecutiva. Un parteaguas en la estructura administrativa del país es el ejercicio compartido de la Presidencia de la República que estará integrada por un "Copresidente" y una "Copresidenta", lo que -según analistas- facilita la sucesión dinástica y resuelve las disputas de poder entre Ortega y Murillo, quienes, finalmente, ostentan a partes iguales la jefatura del Estado y de Gobierno.

La nueva Constitución desaparece la independencia de los Poderes del Estado, un principio básico para el funcionamiento de cualquier democracia. Estos serán "coordinados" por el Ejecutivo, es decir, por Ortega y Murillo. 

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Entre otras medidas, la reforma extiende de cinco a seis años los periodos del Presidente, del jefe del Ejército y de la Policía. En consecuencia, el general Julio César Avilés y el comisionado Francisco Díaz han sido ratificados en sus cargos, consolidando el control de la familia Ortega Murillo sobre las instituciones armadas.

Asimismo, la nueva Constitución incorpora el Estado Policial como principio constitucional, legaliza la existencia de grupos paramilitares, institucionaliza la persecución religiosa y elimina la autonomía municipal y regional. También establece como símbolo nacional la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Con la entrada en vigor de esta Constitución, Nicaragua enfrenta una transformación profunda en su estructura política y jurídica, consolidando un modelo de poder centralizado en la familia Ortega Murillo. Estos cambios no solo redefinen el sistema democrático del país, sino que también colocan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente a un régimen que legaliza la represión y vulnera otros derechos fundamentales.