Bloque de la izquierda radical rechaza orden de captura contra Ortega y Murillo

https://www.despacho505.com/nacionales/24703-personaje-ano-2024-apatridas-nicaraguenses/El bloque de países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este 31 de diciembre la orden de captura internacional librada por un juez argentino contra el dictador Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

"Una vez más, instituciones del Estado argentino se arrogan espurias facultades de juez en la región, emitiendo órdenes ilegales e insólitas contra gobiernos legítimamente elegidos por voluntad popular, bajo el pretexto de jurisdicción universal, tal como ya lo hizo contra Venezuela, otro país miembro de nuestra alianza", dijo la ALBA en un comunicado publicado en X.

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En Nicaragua, ni Ortega ni Murillo se han referido a la orden de captura internacional emitida en Argentina, pero si lo ha hecho la Alba que considero como "erráticas" las decisiones del Poder Judicial de Argentina, que según este bloque van en detrimento de la paz y la estabilidad de la región latinoamericana y caribeña.

En el comunicado indicaron que la orden judicial irrespeta la soberanía de los países y el "principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados".

Violadores de derechos humanos

Este proceso judicial internacional inició en octubre de 2022, fue interpuesto por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota ante la justicia federal de Argentina, al que se han sumado aportes, testimonios y nuevas denuncias de parte de víctimas acompañadas por el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).

En la resolución de 76 páginas citada por el diario Ámbito Financiero, Lijo pide la captura internacional con fines de extradición de Ortega, Murillo y otros funcionarios de la dictadura nicaragüense para ser indagados por la Justicia argentina por "graves violaciones contra los derechos humanos".

De acuerdo al escrito judicial, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un "plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil" que se valió "de la estructura del aparato estatal" y cuyo objetivo "era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes".

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En la denuncia también se acusa al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; al jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; a la exministra de Salud, Sonia Castro; al asesor presidencial Néstor Mocada Lau; al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; al director del INSS, Roberto López; al inspector general del Ejército, Óscar Valladares y al ministro de Transporte, Óscar Mojica.

Asimismo, han sido incluidos como victimarios el comisionado general de la Policía, Ramón Avellán; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez; la destituida presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.

Con información de EFE