Navidad tras las rejas: 45 presos políticos sufren la crueldad de la dictadura

Al menos 45 presos políticos pasarán esta Navidad en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Preocupa especialmente la situación de 13 adultos mayores, cuyas edades oscilan entre los 60 y los 72 años, algunos con enfermedades crónicas y en condiciones de salud precarias.

Para estas personas, la Navidad será un recordatorio cruel del costo humano de la persecución política en Nicaragua, donde no solo se silencian las voces críticas, sino que también se somete a los más vulnerables, según un informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado el trato inhumano al que son sometidos los presos políticos en Nicaragua. Según informes, muchos de ellos carecen de atención médica adecuada y de acceso regular a sus familias, lo que ha agravado su estado físico y emocional.

La comunidad internacional ha condenado repetidamente la falta de libertades en Nicaragua, exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos. Sin embargo, el régimen se mantiene firme en su postura, intensificando las restricciones y anulando cualquier espacio para el diálogo.

Los nombres de los presos políticos mayores de 60 años son:

• Brooklyn Rivera Bryan (72 años)
• José Ricardo Cortez Dávila (71)
• Eddy Danilo Meléndez Lacayo (69)
• Eddie Moisés González Valdivia (66)
• Julio Antonio Quintana Carvajal (66)
• Wilfredo José Balmaceda Castrillo (64)
• Fabio Alberto Cáceres Larios (64)
• Víctor Boitano Coleman (63)
• Nancy Elizabeth Henríquez James (62)
• José Manuel Urbina Lara (62)
• Zacarías Isabel Cano Angulo (61)
• Leo Catalino Cárcamo Herrera (61)
• Eliseo de Jesús Castro Baltodano (60).

Un médico nicaragüense que habló bajo anonimato con DESPACHO 505, asegura que la salud de los presos políticos mayores está en grave riesgo debido a enfermedades crónicas como hipertensión, artritis, diabetes, infecciones renales y hepáticas.

"Muchos ingresaron a las cárceles ya con condiciones preexistentes, que ahora se agravan debido a la falta de atención médica adecuada", afirmó. Además,  alertó sobre la incidencia de infecciones agudas como neumonía y trastornos mentales que podrían derivar en consecuencias fatales.

Detenciones ilegales

El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas denuncia que varias detenciones estuvieron acompañadas de actos de violencia que afectaron incluso a menores de edad presentes durante los operativos. Estos niños sufrieron malos tratos por parte de la Policía Orteguista.

Entre los patrones represivos documentados destaca la criminalización de expresiones culturales y religiosas. Un caso simbólico es la detención y posterior expulsión del padre Floriano Ceferino Vargas, arrestado en la iglesia de San Martín, en Bluefields, y enviado a Panamá. En el mismo período, el padre Asdrúbal Zeledón Ruiz, de la diócesis de Jinotega, también fue expulsado, mientras que otras monjas recibieron un ultimátum para abandonar el país antes del 31 de diciembre.

Además, tres músicos nicaragüenses y dos líderes religiosos se vieron forzados al exilio, ilustrando la represión hacia las manifestaciones artísticas y espirituales.

Persecución en instituciones públicas y desapariciones forzadas

El informe resalta que la represión se ha extendido a los trabajadores del Estado, con purgas políticas y medidas coercitivas en las instituciones públicas. Un caso emblemático es el de Carlos Fonseca Amador, detenido en el contexto del caso conocido como "La Comuna". Estuvo desaparecido más de tres meses bajo custodia estatal, sin explicaciones oficiales, y posteriormente fue puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, otras diez personas involucradas en este caso permanecen detenidas en condiciones precarias y sin garantías procesales.

La desaparición forzada sigue siendo una práctica sistemática del régimen, según el informe. Familias de detenidos enfrentan el desconocimiento absoluto del paradero de sus seres queridos. Un ejemplo preocupante es el de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, de quienes no se tiene información sobre su estado ni ubicación.

Entre noviembre y diciembre, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua documentó 46 denuncias de detenciones arbitrarias en distintas regiones del país. En ningún caso las familias fueron informadas sobre el paradero de los detenidos ni se les permitió acceso a abogados de confianza.

Los departamentos de Matagalpa y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) concentran la mayor parte de presos políticos, reflejando una mayor represión en estas zonas.