Senadores estadounidenses señalan a Ortega y Maduro utilizan minería ilegal de oro para mantenerse en el poder
La evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios del régimen sandinista, ha permitido al dictador Ortega mantenerse en el poder en Nicaragua.
- Managua, Nicaragua
- diciembre 21, 2024
- 10:35 PM
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Un grupo de senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de los partidos demócratas y republicanos, enviaron una carta a la Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO por sus siglas en inglés), donde señalan a la dictadura de Daniel Ortega, de Nicaragua y a la Nicolás Maduro, de Venezuela, de utilizar la minería ilegal para generar recursos y evadir sanciones.
La evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios del régimen sandinista, ha permitido al dictador Ortega mantenerse en el poder en Nicaragua. El documento de 4 páginas indica que la dictadura utiliza el oro para financiar sus operaciones y asegurar la lealtad de los mandos militares.
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“Los gobernantes autoritarios también se han unido activamente al mercado ilegal del oro para construir poder, comprar lealtad, perpetrar a los infractores de derechos humanos y evadir a las sanciones internacionales. Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua utilizan la minería ilegal de oro para mantener su dominio dictatorial del poder y mantener la lealtad del liderazgo militar”, señala textualmente la carta.
De acuerdo con el documento, la explotación de la minería ilegal, financian el narcotráfico y el tráfico de personas, poniendo como ejemplo el caso del grupo delincuencial “Los Lobos” de Ecuador, que están vinculados con el cártel de Jalisco Nueva Generación de México, según el texto en inglés.
Los congresistas señalan que este grupo opera en por lo menos en 20 minas ilegales, en alianza con el grupo delincuencial de Venezuela, “El tren de Aragua”.
Amenazas derivadas
Según el texto, esta práctica también presenta otras amenazas derivadas usadas por las dictaduras estas dos dictaduras y algunas organizaciones criminales como la destrucción de grandes extensiones de selva amazónica, uso indiscriminado de mercurio contaminando los suelos, el aire y los cuerpos de agua y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y rurales, que huyen de la violencia y buscan refugio en las ciudades y eventualmente la migración ilegal hacía Estados Unidos.
Los congresistas hacen un llamado a la acción, por parte de la GAO, que está presidida por el contralor Gene L. Dodaro. Entre las medidas solicitadas por los congresistas a la GAO, están el análisis detallado sobre el alcance de la minería ilegal y las organizaciones criminales, estimar la cantidad de ingresos que dichas organizaciones obtienen con estas prácticas y buscar conexiones entre la minería ilegal y otras actividades criminales.
“Parece que Estados Unidos no tiene una estrategia articulada que se enfoque en la minería ilegal y su rol como, probablemente, la principal fuente de financiamiento del crimen organizado y otros actores corruptos en el hemisferio occidental”, se lee en la carta.
También solicitan que se evalúe la cantidad de asistencia extranjera brindada por Estados Unidos en los últimos cinco años para combatir la minería ilegal, así como las brechas legales que dificultan la persecución de estos delitos.
Firmas
La carta está firmada por el senador demócrata Benjamín Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; el senador demócrata Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, y el senador republicano Bill Cassidy.
Por la Cámara de Representantes firmaron los demócratas Gregory Meeks, miembro y ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja; Joaquín Castro, miembro y ex presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara baja y la representante republicana María Elvira Salazar.
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La Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO) es una agencia del Congreso de los Estados Unidos que proporciona información no partidista sobre los programas y operaciones del gobierno federal a los legisladores y al público.