Senadores de EE. UU. acusan a Daniel Ortega de usar minería ilegal para financiar su régimen

Un grupo bipartidista de senadores y representantes estadounidenses denunció que los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela utilizan la minería ilegal como fuente de recursos para evadir sanciones y mantenerse en el poder.

En una carta enviada a la Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés), los congresistas señalaron que la explotación ilegal del oro no solo genera ingresos ilícitos, sino que también fomenta la corrupción y asegura la lealtad de los altos mandos militares.

“El mercado ilegal del oro es usado por gobernantes autoritarios para comprar lealtad, perpetuar abusos de derechos humanos y evadir sanciones internacionales. Nicolás Maduro y Daniel Ortega recurren a esta práctica para mantener su dominio dictatorial y la fidelidad de sus ejércitos”, destaca la misiva de cuatro páginas.

Narcotráfico y crimen organizado

El documento alerta que la minería ilegal también financia actividades delictivas como el narcotráfico y la trata de personas. Un ejemplo citado es el grupo delincuencial ecuatoriano "Los Lobos", vinculado con el cártel de Jalisco Nueva Generación de México, que opera en al menos 20 minas ilegales en alianza con el grupo venezolano “El Tren de Aragua”.

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Además, los legisladores advirtieron sobre las graves consecuencias ambientales y sociales derivadas de estas actividades: destrucción de la selva amazónica, contaminación con mercurio y desplazamiento forzado de comunidades indígenas y rurales, lo que impulsa la migración irregular hacia Estados Unidos.

Llamado a la acción

Los congresistas pidieron a la GAO, presidida por Gene L. Dodaro, un análisis exhaustivo sobre el impacto de la minería ilegal. Entre las medidas propuestas se incluyen:

• Evaluar el alcance de estas prácticas y su vínculo con organizaciones criminales
• Estimar los ingresos generados por la minería ilegal
• Identificar conexiones con otras actividades delictivas
• Examinar la asistencia extranjera de EE. UU. en los últimos cinco años para combatir este problema
• Detectar brechas legales que obstaculicen la persecución de estos delitos

“Estados Unidos necesita una estrategia articulada que enfrente la minería ilegal y su papel como principal fuente de financiamiento del crimen organizado en el hemisferio occidental”, subrayaron los legisladores.

La carta fue firmada por los senadores Benjamín Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, y Bill Cassidy.

Por la Cámara de Representantes, la respaldaron Gregory Meeks, Joaquín Castro y María Elvira Salazar.