La CIDH otorga medidas cautelares a favor de dos prisioneros políticos de Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los prisioneros políticos Carlos Alberto Vanegas Gómez y Efrén Antonio Vílchez López, al considerar que enfrentan un grave riesgo para su vida e integridad personal en las cárceles de la dictadura.

En la resolución, la CIDH denuncia que los presos políticos se encuentran en condiciones insalubres e inhumanas, tanto en el Sistema Penitenciario de Granada como en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

Según la denuncia, los prisioneros políticos no reciben la atención médica necesaria para sus problemas de salud ni una alimentación adecuada. Como agravamente se añade la posibilidad de que hayan sido sometidos a tortura.

Tras analizar el caso, la CIDH concluyó que ambos se encuentran en una situación de riesgo y, en virtud del Artículo 25 de su Reglamento, solicitó al Estado de Nicaragua que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios.

También instó a garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales, incluyendo la prevención de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro de los centros penitenciarios; y la aplicación de medidas pertinentes en atención a los alegatos de tortura. Además, pidió que se proporcione acceso a atención médica adecuada y especializada, junto con una evaluación médica integral inmediata, y garantizar la provisión de alimentación y agua adecuadas.

La CIDH recomendó evaluar medidas alternativas a la privación de libertad debido a las actuales condiciones de detención.

Hasta la fecha, el Estado de Nicaragua bajo el control del régimen Ortega-Murillo no ha mostrado disposición a acatar las medidas emitidas por la CIDH, manteniendo a los beneficiarios en las mismas condiciones denunciadas y sin garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Al menos 45 presos políticos en Nicaragua

Hasta el 13 de diciembre, al menos 45 ciudadanos siguen recluidos en las cárceles de Nicaragua por motivos políticos, incluidos trece adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. "Estas personas enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente debido a sus condiciones de salud y su avanzada edad", alertó esa plataforma.

Durante el mes de noviembre, en el marco de una reforma profunda a la Constitución que le da un poder absoluto a una Presidencia bicéfala y disuelve el balance de poderes, "se registró una oleada represiva caracterizada por más de 46 detenciones arbitrarias", algunas temporales, explicó el Mecanismo.

Además, se reportaron la expulsión de músicos y sacerdotes, la persecución de religiosas y periodistas, así como el destierro de una familia completa, incluyendo a un menor de edad.

El Mecanismo advierte que "la práctica de desapariciones forzadas continúa siendo una realidad alarmante en Nicaragua, con nueve personas desaparecidas -en paradero oculto-, con sus familias en total incertidumbre y con la angustia de no saber su destino".

Por otro lado, el Mecanismo reconoció la existencia de al menos 25 personas trabajadores del Estado y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),  "que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas".