Amnistía Internacional pide activar la jurisdicción universal para juzgar a Ortega y Murillo

Amnistía Internacional pidió activar la jurisdicción universal para juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, basándose en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que visitó el país en 2018 y los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de Naciones Unidas.  

“Exhortamos a los Estados a considerar la activación de la jurisdicción universal sobre la base de los hallazgos realizados tanto por GIEI y por el GREHN, para juzgar a los responsables de los posibles crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se están cometiendo por las autoridades y sus agentes desde 2018, y prevenir que la represión sin límites siga extendiéndose en el país”, indicó Amnistía Internacional en su informe anual sobre Nicaragua publicado este martes. 

La organización advierte que, sin acción inmediata, la crisis de derechos humanos en Nicaragua seguirá profundizándose. 

La dictadura, dicen, intensifica la represión y consolida su poder absoluto en el país. Además, advierten sobre los alcances de la reforma constitucional aprobada en primera legislatura en el mes de noviembre que otorga poderes ilimitados a Ortega y Murillo como nuevos “copresidentes”, elimina la prohibición explícita de la tortura y facilita la persecución de cualquier voz disidente. 

“La reforma constitucional anula libertades individuales y públicas en el país y profundiza la concentración de poder en el Ejecutivo y socava la separación de poderes. Esta reforma introduce la figura de copresidentes, extiende el período presidencial de cinco a seis años y subordina los demás poderes del Estado al Ejecutivo”, destacan. 

Sigue la represión  

Amnistía Internacional denuncia el uso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la privación de nacionalidad como herramientas de represión.  

En 2023 y 2024, más de 400 personas han sido despojadas de su nacionalidad y forzadas al exilio, muchas de ellas líderes religiosos, indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos. La organización denuncia que estas acciones buscan consolidar un estado de control absoluto, eliminando cualquier forma de oposición. 

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La represión también afecta a comunidades indígenas, como los pueblos miskitos y mayangnas, quienes enfrentan despojos de tierras, desplazamientos forzados y la criminalización de sus líderes. Estas acciones, según Amnistía Internacional, constituyen un intento por desmantelar las estructuras organizativas indígenas y silenciar sus demandas. 

Amnistía Internacional insta al régimen nicaragüense a cesar estas prácticas represivas y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. También llama a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos para documentar las violaciones, brindar protección a las víctimas y exigir el cumplimiento de estándares internacionales.