25 trabajadores del Estado son presos políticos, según informe
Los arrestos de empleados públicos evidencian que la lealtad política ya no garantiza protección frente a la represión.
Al menos 25 trabajadores del Estado y simpatizantes del partido Frente Sandinista se encuentran detenidos por razones políticas, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.
En Nicaragua hay al menos 45 personas detenidas arbitrariamente en el conexto de la crisis sociopolítica. Estas detenciones arbitrarias se producen en un contexto donde las familias de los afectados no denuncian las detenciones debido a las amenazas recibidas, reflejando una creciente represión interna por parte del régimen de Daniel Ortega.
El informe que es avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte que la represión del régimen no distingue ni siquiera a los sectores más cercanos al oficialismo, afectando a personas vinculadas directamente al aparato estatal.
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Los arrestos de empleados públicos evidencian que la lealtad política ya no garantiza protección frente a la represión.
13 presos políticos adultos mayores
El número de personas adultas mayores privadas de libertad por motivos políticos se ha elevado a 13, una cifra preocupante dado el estado de vulnerabilidad en que se encuentran. Estas personas, además de enfrentar las consecuencias del encierro arbitrario, padecen condiciones de salud deterioradas y complicaciones asociadas a su avanzada edad.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la situación constituye una violación grave a los derechos fundamentales. Los presos políticos se enfrentan a riesgos físicos y emocionales extremos, sin acceso adecuado a atención médica ni a procesos judiciales justos.
En las últimas semanas, el panorama represivo ha incluido detenciones masivas, expulsión de religiosos y destierro de familias completas -como es el caso del periodista nicaragüense Henry Briceño y familia-.
La falta de denuncias por parte de las familias de los trabajadores públicos detenidos subraya el nivel de intimidación que enfrentan, con amenazas que buscan silenciar cualquier intento de visibilizar estos casos mientras la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose.
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