Una Asamblea Nacional estéril: todas las leyes aprobadas este año fueron enviadas por Ortega

Con un presupuesto de 802 millones de córdobas para operar este año, la Asamblea Nacional aprobó 46 leyes y una reforma casi total de la Constitución que instauró la dinastía familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El trabajo legislativo de los diputados y diputadas estuvo dictado directamente desde El Carmen, la residencia familiar de los dictadores, sede de la Secretaría del FSLN y el despacho de Presidencia desde el año 2007. Ninguno presentó iniciativas de ley o decretos. Su labor consistió en apretar un botón o levantar la mano para aprobar sin objeción leyes y reformas firmadas por el dictador. 

“Todas las iniciativas fueron remitidas por la Presidencia de la República”, dijo sin reparos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras en la sesión de clausura de este lunes. 

La reforma constitucional aprobada el 22 de noviembre pasado somete al Poder Legislativo y los demás poderes del Estado a la voluntad de la Presidencia de la República, ahora a cargo de dos “copresidentes”, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para que esa reforma entre en vigencia debe ser refrendada en segunda legislatura el próximo año. 

Sin embargo, este principio se venía aplicando de facto durante todo 2024 con la “legislación por encargo” de Daniel Ortega y el mismo Gustavo Porras lo reconoce.  

Hasta el año pasado, la dictadura trataba de guardar las apariencias y presentaba alguna iniciativa a través de diputados propietarios del Frente Sandinista o de la Secretaría de la Asamblea Nacional y su presidente.

No obstante, la independencia del Poder Legislativo se diluyó paulatinamente, hasta que en 2023 el bloque rojinegro entró al hemiciclo con una ventaja de 75 a16. Fue, en teoría, el primer ciclo legislativo de partido único de facto. A partir de entonces, Ortega ha utilizado al Parlamento para mover los hilos de la legalidad a conveniencia.

17 millones es el costo por ley aprobada 

El impacto económico de la Asamblea Nacional en el bolsillo de los nicaragüenses es enorme. La producción legislativa de este año –que incluye 46 leyes y 1 reforma constitucional– se traduce en un costo promedio de 17 millones de córdobas por iniciativa aprobada. 

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Del 9 de enero al 15 de diciembre, el calendario laboral de la Asamblea Nacional tenía este año 216 días. Los diputados sólo acudieron a 101 sesiones, la mayoría duraron menos de dos horas. Llegan, se sientan, escuchan el texto enviado por Ortega, no presentan enmiendas, votan a favor y se van. 

Si tenemos en cuenta que el presupuesto total de la Asamblea fue de 802 millones de córdobas, cada sesión costaría al menos ocho millones de córdobas. 

Leyes refuerza control, vigilancia y aparato represivo 

En un contexto de creciente autoritarismo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado durante 2024 un paquete legislativo que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y sectores opositores. 

Una de las leyes más polémicas de este año fue la Ley 1219, que amplía las disposiciones de la Ley Especial de Ciberdelitos. Bajo esta reforma, publicaciones en redes sociales que el régimen considere "noticias falsas" o "ciberterrorismo" pueden ser penalizadas con cárcel. 

En la práctica, esto permite al régimen procesar judicialmente a periodistas, activistas y ciudadanos que expresen su descontento en internet. 

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Otra ley ha sido la 1229 que pone en jaque a las organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional. Esta normativa impone estrictos requisitos para operar en el país, incluyendo reportes financieros exhaustivos y la alineación con directrices marcadas por el orteguismo. 

Control sobre la autonomía universitaria 

La reforma a la Ley de Autonomía de las Universidades (Ley 1221) es otro ejemplo del creciente autoritarismo. Esta ley otorga al gobierno mayores facultades para intervenir en la gestión de las universidades públicas, limitando su independencia y controlando el currículo académico. 

"Antes, la universidad era un espacio de pensamiento crítico. Hoy, es un brazo más del gobierno, todo es propaganda política, hasta los bares y comiderías dentro de las universidades tienen nombre de revolucionarios comunistas”, dice a DESPACHO 505 un estudiante de la Universidad Casimiro Sotelo, que opera en las instalaciones confiscadas a la UCA. 

De las 46 leyes aprobadas este año, al menos 10 han sido señaladas por expertos como herramientas de represión directa contra sectores opositores.  

Estas normativas, lejos de garantizar la estabilidad del país, han aumentado la polarización y el clima de inseguridad jurídica. Nicaragua vive una crisis de derechos humanos en la que el espacio cívico se ve cada vez más reducido.