Instan a condicionar las relaciones comerciales con Nicaragua tras reforma constitucional que concentra el poder en Ortega y Murillo

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa expresaron su "profunda preocupación" por las recientes reformas constitucionles en Nicaragua: concentra el poder en la figura de los “Co-presidentes”, elimina la división de poderes y consolida el cierre del espacio cívico en el país, denunciaron.

"La reciente reforma a la Constitución Política de Nicaragua, reestructura el Estado, concentrando el Poder en la figura de "Co-presidentes" y con ello, anula, constitucionalmente, la división de poderes. Además, consolida el cierre del espacio cívico, eliminando la libertad de expresión y religión, y asegura impunidad para perpetradores de violaciones a derechos humanos", alertaron en un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones firmantes -23 en total- consideran que se trata de una enmienda nociva que agrava la ya alarmente situación de vulneración de derechos en Nicaragua, ya que reestructura del Estado y otorga a la figura de los Copresindetes el rol de “coordinación” de los “órganos” Legislativo, Judicial y Electoral del Estado, a los cuales no considera como poderes independientes. Además, "asegura impunidad" para los perpetradores de violaciones a derechos humanos en Nicaragua, subrayan.

Entre otros cambios preocupantes, mencionan la eliminación del derecho a no ser torturado y la institucionalizaron las “policías voluntarias”, que no son más que los grupos armados vinculados al régimen Ortega-Murillo desde 2018 a los que se señala como corresponsables de la masacre de la llamada Rebelión de Abril. Encuentran que el conjunto de modificaciones a la Carta Magna fortalece el aparato de represión contra opositores. "Existe múltiple evidencia sobre la actuación de estos grupos en la comisión de las graves violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense", anotan.

Cierre total del espacio cívico y restricciones a libertades

La reforma también supedita derechos fundamentales a la protección de valores como la paz y la seguridad, una medida que limita la libertad de expresión, religión y asociación, denuncia el grupo. Resaltan, por ejemplo, el establecimiento  de mayores controles sobre los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, mientras se legitima el uso del sistema penal para reprimir a quienes disienten.

Recuerdan que en septiembre pasado, el régimen ya había eliminado garantías judiciales mínimas, lo que facilitó la criminalización de cualquier acto de disidencia. Además, se introdujeron cambios legislativos que consolidan el destierro, la apatridia de facto y la represión transfronteriza.

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La enmienda a la Constitución" robustece" esos cambios legislativos en los ámbitos penal, económico y migratorio, y el objetivo, alertan,  es "extender la represión tanto dentro como fuera de Nicaragua", porque las modificaciones concretan la apatridia de facto, el destierro y la represión transfronteriza".

Llaman a presionar por la vía comercial

Ante este panorama, las organizaciones instaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre Nicaragua y reforzar el apoyo a comunidades indígenas, organizaciones sociales y movimientos prodemocráticos. Asimismo, pidieron que las relaciones comerciales y financieras con el país se condicionen al respeto de los derechos humanos y la democracia.

"Solicitamos valorar la activación de los mecanismos diplomáticos para incidir en la urgencia del retorno a la democracia en Nicaragua, y asegurar que los relacionamientos comerciales y financieros se condicionen al estricto cumplimiento del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia", dice el texto respaldado por las firmas de organismos como EL Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Washington Office on Latin America (WOLA), el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), entre otros.

A los organismos internacionales, solicitaron una mayor documentación de las violaciones a derechos humanos y un enfoque interseccional que visibilice las afectaciones a poblaciones vulnerables, como la niñez, mujeres, disidencias sexuales y comunidades indígenas y afrodescendientes.

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Las organizaciones concluyeron su comunicado reiterando la urgencia de un retorno a la democracia en Nicaragua y el cese inmediato de las violaciones a derechos humanos que perpetúa el régimen Ortega-Murillo.

Impacto en los pueblos indígenas y afrodescendientes

Las organizaciones alertaron sobre una escalada de control y despojo de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La reforma limita su autonomía, subordinando sus decisiones a la aprobación de gobiernos regionales controlados por el régimen. Este cambio instrumentaliza la consulta previa y facilita el despojo territorial.

En un contexto de represión, el pasado 3 de noviembre se reportaron dos asesinatos de indígenas en la Costa Caribe Norte, y el 28 de noviembre, al menos 30 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, además del destierro de familias enteras en las fronteras, según reportes de organizaciones de derechos humanos.