El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó este martes su noveno informe sobre las torturas perpetradas en Nicaragua, que detalla los abusos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018, incluyendo encarcelamientos arbitrarios, tortura, desapariciones forzadas y destierros.
Han sido identificados más de 40 métodos de tortura utilizados contra presos políticos y ciudadanos detenidos arbitrariamente, destacando prácticas como golpizas, asfixia, estrangulamiento, choques eléctricos, privación de atención médica, quemaduras, interrupción constante del sueño, simulaciones de ejecución y aislamiento prolongado superior a 15 días.
“Estas formas de tortura reflejan el nivel de crueldad con el que opera el régimen, buscando quebrantar física y psicológicamente a sus víctimas”, explicó la abogada y defensora del Colectivo, Wendy Quintero.
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El Colectivo también destacó casos de violencia sexual sufrida por 13 presos políticos, 10 mujeres y 3 hombres, cuyas denuncias forman parte de los hallazgos más alarmantes del informe.
El régimen también ha recurrido a la extorsión a familiares de desaparecidos o personas encarceladas arbitrariamente, a quienes exige sumas exorbitantes de dinero a cambio de información sobre el paradero de sus seres queridos. Salvador Marenco, abogado del Colectivo, explicó que hasta la fecha se han documentado 229 casos de tortura, lo que ha permitido identificar un patrón sistemático en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Desde 2018, más de 2,000 personas han sido detenidas arbitrariamente en un contexto de suspensión de derechos civiles y políticos. Más de 803,000 nicaragüenses han sido desplazados forzosamente debido a la persecución política.
Según el Colectivo, algunos crímenes se han cometido en países que son parte del Estatuto de Roma, lo que podría abrir la puerta a investigaciones por la Corte Penal Internacional.
Testimonios que revelan el horror
Uno de los testimonios destacados en la presentación fue el de Pedro Antonio Sánchez Aguilar, detenido en 2019 durante el auge de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Estuvo en la cárcel conocida como “El Chipote”.
“Los primeros quince minutos en ese lugar fueron un infierno. Estuve en una celda donde no podía sentarme; me interrogaron desnudo, me golpearon y me exigieron información sobre armas y conspiraciones que desconocía”, relató.
También mencionó haber soportado golpizas, insultos y amenazas constantes, lo que, según él, es parte del mecanismo del régimen para intimidar a la población.
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La defensora y excarcelada política Eveling Pinto narró la negligencia médica sufrida durante su encarcelamiento. “Las autoridades sanitarias del régimen solo me brindaron atención mínima, siempre bajo excusas para evitar exámenes o tratamientos necesarios”, denunció.
Tras ser liberada, Pinto fue desterrada en 2023 junto a otros 221 presos políticos, perdiendo no solo su nacionalidad y propiedades, sino también su estabilidad económica y emocional. “El exilio ha sido más duro que la prisión misma. Lo perdí todo: jubilación, ahorros y mi hogar. Es un duelo que aún estoy procesando”.
Por su parte, Cándido Sánchez López, campesino y ex militante del extinto partido Ciudadanos por la Libertad, compartió cómo fue detenido sin orden judicial en abril de 2023 y luego enviado al exilio en Guatemala junto a un grupo de 135 presos políticos. Al igual que Pinto, perdió su nacionalidad y todos sus bienes.
