La ONU advierte de un “grave clima represivo” en Nicaragua y urge liberar a los presos políticos

La situación política en Nicaragua “continúa deteriorándose” y reina en el país “un grave clima represivo”, denunció este lunes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, recordando que desde febrero de 2023 al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y actualmente 76 personas siguen detenidas de forma arbitraria por el régimen de Daniel Ortega.

En una actualización sobre la crisis en Nicaragua presentada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, llamó a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos en apoyo al restablecimiento del espacio cívico y democrático nicaragüense. 

“Reconstruir los cimientos del estado de derecho es crucial para restablecer los derechos humanos, incluido el retorno seguro de los exiliados. Es fundamental que el Gobierno retome el camino democrático y promueva un diálogo significativo”, enfatizó Al-Nashif. 

La ONU alertó que las reformas constitucionales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional están diseñadas para concentrar más poder en la Presidencia y reprimir aún más las voces disidentes. 

“Estas reformas erosionan los contrapesos democráticos y profundizan la represión del espacio cívico, generando temor entre la población, incluidos los exiliados”, subrayó. 

Las reformas constitucionales erosionan más los derechos fundamentales

Al-Nashif instó a los diputados a rechazar las reformas en su segunda lectura, programada para enero, y a garantizar que las leyes sean compatibles con los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.

Ese tipo de leyes, que incluyen actividades en redes sociales, que según las autoridades podrían “inducir el pánico” o amenazar la “estabilidad social”, allanan el camino “a más persecución política y erosión de los derechos fundamentales”, con textos “ambiguos para restringir la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica”, subrayó.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua “se está profundizando”, enfatizó.

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Desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad, convirtiéndose en apátridas, mientras que sus bienes han sido confiscados. 

La Alta Comisionada Adjunta destacó las condiciones precarias de quienes fueron expulsados del país y la falta de acceso a documentación oficial, que les impide establecer su identidad legal o mantener vínculos con su país de origen.

“Exigimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como el cese de la desaparición forzada, la tortura y los malos tratos. Las acusaciones deben procesarse bajo juicios justos y con el debido respeto al estado de derecho”, indicó. 

Detenciones arbitrarias

Respecto a las detenciones arbitrarias, Al-Nashif dijo que oponentes políticos, líderes religiosos e indígenas y defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ese instrumento abusivo.

“En los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas de forma arbitraria, incluyendo tres niños”, señaló la alta comisionada adjunta.

Al-Nashif mencionó algunos casos individuales de víctimas de abusos como Angélica Chavarría, en paradero desconocido desde mayo del 2024 y pareja del general retirado Humberto Ortega, fallecido en septiembre cuando se encontraba privado de libertad.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido información que “revela un patrón consistente de violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención pésimas y tortura física y psicológica, incluyendo privación del sueño y denegación de la atención médica”.