El régimen mantiene en las cárceles a 76 presos políticos, denuncia UDJ

Al menos 76 presos políticos siguen en las cárceles de Nicaragua por órdenes del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció este viernes la organización Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

«Casi el 100% de las personas que han sido detenidas se encuentran en desaparición», señaló el organismo en un informe que compartió la UDJ, una organización integrada por abogados que defienden o asesoran a los presos políticos y a sus familiares.

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El informe, titulado "¡Nadie sabe dónde están!: se recrudece el ocultamiento de paradero de las personas presas políticas en Nicaragua", indica que hasta inicios de noviembre se contabilizaban 46 personas presas políticas, pero que la cifra aumentó a al menos 76 tras la aprobación en primera legislatura de las reformas constitucionales que transforma el Estado y otorga un poder absoluto al dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"A finales de noviembre, en medio de profundas reformas ordenadas por el gobierno, fueron arrestados al menos 30 ciudadanos más, cuyo paradero se desconoce por completo, agravando el uso arbitrario de esta práctica", advirtió la UDJ.

Esa organización alertó que la "desaparición forzada" se trata de "un nuevo y drástico patrón en cuanto a las detenciones ya que, en años previos, si bien las personas capturadas eran incomunicadas, la condición de desaparición no solía exceder los 90 días".

Con las «desapariciones forzadas» por ocultamiento de paradero como política represiva, el Estado pretende causar un efecto aún más silenciador en la población, no solo en opositores, sino en sus propios funcionarios o ciudadanos ajenos al quehacer político o de organizaciones sociales, consideró la UDJ.

Nuevo patrón de detención: secuestro y destierro

Por otra parte, continuó ese organismo, "se ha constatado otro patrón relativo a las personas que son detenidas: pasan un breve lapso en prisión, siempre bajo la condición de desaparición forzada por ocultamiento de paradero, y son desterradas de inmediato", principalmente sacerdotes.

La UDJ dijo que también ha documentado "un aumento de represalias, tratos humillantes en prisión (como hacer sentadillas en desnudez) y vigilancia policial en contra de familiares de personas presas políticas y/o desaparecidas en los últimos meses".

"Algunos familiares se han visto forzados a huir del país. La angustia de los familiares también los desgasta de forma significativa física y emocionalmente», añadió.

Asimismo, ese organismo subrayó "que defender los derechos humanos en Nicaragua se está volviendo cada día más complejo, ya que ni siquiera se tiene acceso a expedientes judiciales".

"Pese al terrorismo de Estado, la Unidad de Defensa Jurídica sigue y seguirá firme en su compromiso de acompañamiento con las víctimas de la prisión política en Nicaragua, haciendo escuchar su voz –muchas veces silenciadas– ante el mundo entero hasta ser libres y tener justicia, verdad, memoria, reparación y no repetición de las violaciones a sus derechos", finalizó.

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De momento, ni el régimen Ortega-Murillo ni la Policía Orteguista han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas nuevas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".

Con información de EFE