Corte IDH exige a Nicaragua liberar a presos políticos y frenar el retiro de nacionalidades

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Nicaragua implementar medidas provisionales para salvaguardar a 115 opositores, de los cuales 105 fueron despojados de su nacionalidad y forzados al exilio. El tribunal denunció el “desacato permanente” del régimen de Daniel Ortega y ordenó la liberación de nueve presos políticos, además de garantizar su salud y alimentación.

En su resolución, la Corte subrayó que “la posición asumida por Nicaragua y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones previas constituye un desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones adoptadas por este tribunal”. Asimismo, decidió mantener las medidas provisionales otorgadas previamente para proteger a los opositores afectados.

Desde febrero de 2023, el gobierno de Ortega y Rosario Murillo ha despojado de la nacionalidad a unas 450 personas, entre políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos y religiosos, muchos de los cuales han sido obligados al exilio.

Según la Corte, estas acciones podrían poner a los expulsados en “riesgo extremo de sufrir daños irreparables a sus derechos”.

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Entre las figuras afectadas destacan el economista Juan Sebastián Chamorro, el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, la excomandante guerrillera Dora María Téllez y el obispo Rolando Álvarez. La Corte convocó a Nicaragua a una audiencia pública el 4 de febrero de 2025 en San José para evaluar la implementación de estas medidas.

Ortega, quien lideró la revolución sandinista en los años 80, gobierna desde 2007 tras sucesivas reelecciones, la última en 2021, en un proceso electoral cuestionado por la falta de oposición, cuyos líderes estaban presos o exiliados.

Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, el régimen ha endurecido su represión, calificando las manifestaciones como un supuesto intento de golpe de Estado promovido por Washington.