Así ha cambiado la narrativa del régimen respecto a las sanciones: de “condecoraciones” a “agresiones”

Desde el 27 de noviembre de 2018 cuando Estados Unidos, bajo la Administración de Donald Trump, sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo y al asesor presidencial Néstor Moncada Lau acusándolos de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos en medio de la represión estatal, varios funcionarios y empresas estatales han sido sancionadas por distintos países, lo que ha obligado a la dictadura a maniobrar con leyes y hasta cambiar la narrativa para sostenerse.

Aunque tratan de mostrarse fuertes ante la comunidad internacional, cambiando su narrativa desde llamarle “reconocimiento”, “condecoración” y “medallas” a las sanciones, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está dolida, lo han dejado al descubierto con sus acciones y hasta con su propia boca al catalogarlas de “agresiones”.

En junio de 2019, durante una sesión parlamentaria, el también sancionado presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras se refirió al respecto y dijo tomarlas como un “reconocimiento”.

“Para mí es un reconocimiento, una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mi es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses”, dijo Porras.

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Mostrándose fuerte y desafiante, fue el propio dictador Daniel Ortega el que arremetió contra Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea, “piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Nicaragua ha pasado momentos más difíciles, mucho más duros”, recalcó durante un acto público en junio de 2021.

En septiembre de ese mismo año, el entonces canciller Denis Moncada rechazó y exigió el cese de las sanciones ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

“Las ilegales medidas coercitivas unilaterales deben cesar de inmediato, para garantizar estabilidad, paz y el desarrollo de las familias, pueblos y naciones”, enfatizó Moncada.

La narrativa cambió, reconocieron que las sanciones les duelen

Dos años después la narrativa cambió, la dictadura reconoció que las sanciones le duelen, fue el mismo ahora excanciller Moncada quien lo externó ante el plenario de la ONU con un tono molesto.

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“Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones, no nos definen ni nos amedrentan, discapacitan, doblegan ni nos llegan a vendernos o rendirnos, no conocemos la palabra rendición”, admitió Moncada, en el plenario de la ONU el 26 de septiembre de 2023.

Como si se tratara de un vaivén, en junio de este 2024, Laureano Ortega Murillo, el hijo de los dictadores nicaragüenses, que también ha sido sancionado, volvió a referirse al tema y las consideró “medallas”.

“Nosotros en muchos sentidos las consideramos incluso medallas porque cada vez que nos sancionan vemos que estamos haciendo algo bien si no no lo harían”, dijo Laureano en junio pasado, en una entrevista con la cadena de noticias Russia Today (RT).

Modifican leyes para sortear sanciones

El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayerdiz asegura que a la dictadura Ortega-Murillo le duelen las sanciones y que muestra de ello son sus desesperadas reformas y nuevas leyes con las que busca sortearlas.

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“Claro que sí, le duelen las sanciones al régimen, si no le doliera tanto no hubieran incluido en la Constitución, en el texto como está ahora, que la soberanía protege a los funcionarios del estado de las sanciones exteriores, que son una forma de violar la soberanía, entonces utilizan a la soberanía como un escudo, pero en realidad es un pretexto para no dar cuenta de las graves violaciones de derechos humanos”, señala Ramírez-Ayerdiz.

Otra de las muestras de que al régimen le duelen las sanciones es la reciente aprobación de la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas (Ley 1224), que obliga a los bancos a prestar servicios a los sancionados aunque eso implique ir en contra de las normativas internacionales, según explica el economista y opositor Juan Sebastián Chamorro.

“Obviamente que sí le duelen las sanciones al régimen y por eso es que hacen esta ley porque quiere a fuerza de ley, con amenaza de cárcel por traición a la patria, obligar a los bancos y a todas las institución públicas y privadas que sean reguladas de que tienen que prestarle servicios o bienes a los sancionados”, manifestó Chamorro.