La Siboif sale al rescate ante una catástrofe bancaria con ley que protege a los sancionados

La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif) ha salido al rescate de la castástrofe financiera que podría provocar la entrada en vigor de la ley que oblica a los bancos a prestar servicios a personas con sanciones internacionales. El ente regulador emitió una circular en la que orienta a la bancos a no cumplir la norma si esto riñe con con las regulaciones establecidas en los contratos internacionales.

El documento administrativo "Instrucciones sobre el cumplimiento de la Ley 1224, Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas, aprobada hace tres días, orienta "mantener la obervancia de las regulaciones contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo".

En el punto dos, la Siboif orienta a los bancos “verificar" que la prestación de servicios financieros internacionales a los clientes con sanciones internacionales sancionados "guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales”, es decir, los bancos seguirán ajustándose a las normativas internacionales. Todo lo contrario con lo dispuesto en la Ley 1224.

Dicha ley obliga a los bancos a prestar servicios a los sancionados y a desobedecer las normativas internacionales porque declara “nulas” las sanciones, por lo que pone en riesgo las transacciones internacionales debido a que se perderían las corresponsalías entre instituciones financieras nacionales y las de otros países.

La circular de la Siboif también manda a sus entidades supervisadas a “mantener la observancia de las regulaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo”, como los disponen las normativas internacionales.

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“Las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, agrega el documento enviado a los gerentes de las entidades supervisadas.

Abrir cuentas sin violentar normas internacionales

Según el economista Juan Sebastián Chamorro, la circular de la Siboif es “una forma de echar atrás”, pero no significa que derogarán la ley o que haya una contradicción con el documento enviado a los bancos.

“El superintendente de bancos tiene discrecionalidad bastante elevada en términos de regulación bancaria, lo que está diciendo es que la ley existe, que le abran la cuenta a los sancionados sin violentar la ley internacional… pero no los mezclen con el mercado y con las relaciones internacionales de los bancos”, explica Chamorro.

Para el economista, lo que Ortega trata de hacer con esta circular de la Siboif es un “acomodo” de la Ley 1224 para mantenerla vigente y “dejarla como 'espada de Damocles' encima de la cabeza de los banqueros amenazándolos con cárcel si no le abren las cuentas a los sancionados”, pero al mismo tiempo sin comprometer el país ante una posible ruptura de las corresponsalías bancarias.

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La Ley 1224 es una “bravuconada” del régimen

El abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) expone que la Ley 1224 no es más que una de las tantas “bravuconadas” del régimen para tratar de hacerse notar a nivel internacional, pero que al final no puede aplicar a cabalidad porque afectaría sus propios intereses, por eso ordenó a la Siboif emitir la circular a los bancos para que cumplan con las normas internacionales.

“La Ley 1224 es un mecanismo que puede el régimen utilizar para que exteriormente se note una bravuconada, pero para adentro pues él (Daniel Ortega) sabe que no puede aplicar normas que pongan en peligro incluso la estabilidad financiera de su propia pirámide de corrupción”, afirma Ramírez-Ayerdiz.

La circular de la Siboif fue enviada a los gerentes de estas entidades este miércoles 27 de noviembre y está firmada por el superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Luis Ángel Montenegro, quien asegura que “dará seguimiento al cumplimiento de lo antes instruido, en correspondencia con el marco legal aplicable”.