Ortega manda a reformar la Ley de Extranjería

El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que reforma 67 artículos de la Ley General de Migración y Extranjería de Nicaragua. La iniciativa hace parte de un combo de reformas que acomodan el orden del país a los intereses y políticas del régimen y, en este caso, incorpora a las funciones de las autoridades migratorias la tarea de endurecer los controles a fin de impedir el ingreso de personas que "puedan menoscabar la soberanía". 

Ortega alega que los cambios en la norma vigente establecen la base jurídica para la transición del uso del pasaporte de lectura mecánica a electrónica y fortalece los mecanismos para prevenir y combatir el tráfico de migrantes, la trata de personas, la explotación laboral, el terrorismo, entre otros delitos. No obstantes, a la lista de objetivos añade el de contrarrestar "acciones internas o externas que menoscaben la integridad, independencia, soberanía, autodeterminación nacional, paz, orden constitucional y fomenten o insten actos terroristas o de desestabilización económica y social del país".

Para cumplir esa tarea, faculta a la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo la tutela del Ministerio del Interior,  para "denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía o representen un riesgo riesgo social". También le otorga la potestad para expulsar en caliente a cualquier ciudadano que ingrese a territorio nacional sin autorización.

En general, la enmienda enviada por el dictador nicaragüense amplía el poder a las autoridades nacionales para endurecer el control de las entradas y salidas del país, tanto de nacionales como de extranjeros, incluso, ordena reformar el Código Penal nicaragüense para endurecer la pena carcelaria a los ciudadanos que ingresen de manera irregular a Nicaragua.

Estructura para vigilar, controlar y castigar

La iniciativa de ley enviada al legislativo, señala que la Dirección de Migración y Extranjería contará con un director general y dos subdirectores generales, estos últimos se encargarán de dirigir las áeras administrativas y operativas; mientras que, el titular será el encargado de controlar las entradas y salidas del país.

El artículo 10 de la reforma enviada por Ortega, señala que el director general de Migración será el responsable de levantar la información sobre el flujo migratoria de los nicaragüenses y deberá resguardarlas para informar al Ministerio del Interior.

Asimismo, será el responsable de garantizar la aplicación de medidas migratorias para controlar la migración no regular en Nicaragua: podrá "denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social", dice el texto.

En el caso de los extranjeros, la reforma establece que su permanencia podrá ser suspendida, entre otras causas, por involucrarse directa o inderectamente en actividades políticas o por fomentar la realización de actividades que desestabilicen políticamente el país. También pueden ser motivos de expulsión: no pagar impuestos, haber ingresado por punto no habilitado, realizar actividades laborales sin permiso, o cuando altere el orden y la tranquilidad ciudadana.

En el cuerpo de ley, además, está incorporado el despojo de la nacionalidad a nicaragüenses, ya que iuncluye el artículo 47 que señala que ningún nicaragüense podrá ser despojado de su nacionalidad, salvo lo que establezca la Constitución Política. En el 2023, Ortega reformó la Constitución Política para establecer el delito de traición a la patria como una de las causales para la pérdida de la nacionalidad.

Asimismo, faculta al Ministerio del Interior para que sea el responsable de otorgar las visas diplomáticas y de invitados.

El Mint podrá revocar la nacionalidad de cualquier ciudadano que haya sido condenado por traición, o que se niegue a defender al país "en caso de agresión extranjera", o cuando "participen, promuevan, dirijan, inciten, atenten, financien, gestiones acciones internas o externas que menoscaben la perservación de la soberanía, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminación nacional".

En materia de visado, la propuesta de ley incorpora la categoría de "Visa de negocios". Según Ortega, esta novedad está orientada a la promoción de la inversión y convenios bilaterales.