Las claves de la sucesión dinástica en Nicaragua, la Constitución que entroniza a los Ortega Murillo

La reforma a la Constitución Política enviada por Daniel Ortega este 19 de noviembre a la Asamblea Nacional instaura un modelo disnástico en Nicaragua y asegura la sucesión directa de la familia Ortega Murillo. No se trata de una cambio parcial a la Carta Magna, como anunció el oficialismo, sino de una transformación radical del modelo constitucional.

Los primeros análisis de expertos ponen el foco en la legalización de una dinastía familiar en el país, algo que se advertía desde que el oficialismo asaltó el poder por las armas en el país, instuaró un Estado policial y desmanteló la institucionalidad. Esto ahora queda en firme con el sometimiento de todos los poderes del Estado a la voluntad de una Presidencia bicéfala, que pone a Rosario Murillo y a Ortega en el mismo nivel de poder, como "copresidentes".

Según la reforma, se creará un Estado "revolucionario" dirigido por dos Co-Presidentes, quienes tendrán la facultad de nombrar a los vicepresidentes que deseen sin necesidad de un proceso electoral, lo que coloca a Laureano Ortega Murillo en la primera fila de la lista de sucesión directa.

La propuesta de reforma constitucional debe ser aprobada en dos legislaturas por la Asamblea Nacional, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta. En lo general, plantea refundar el Estado al denominarlo "revolucionario", busca legalizar la instauración de un modelo de partido único y familiar como en Cuba, formaliza la concentración de poder, legaliza la apatridia, y "constitucionaliza el Estado totalitario”, según opositores.

Elimina separación de poderes

La iniciativa establece en el Capítulo II, artículo 132, que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales.

También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Un trío represor obediente: Ejército, paramilitars y Policía

El Ejército la Policía y una nueva "Policía Voluntaria", nombre que el dictador ahora otorga a los paramilitares que reprimen a los nicaragüenses desde el 2018, quedan constituidos como un trío represor bajo el mando de la Presidencia.

En la nueva Constitución, el Ejército de Nicaragua, al igual que la Policía, debe ser obediente a la Presidencia que tiene la facultad de solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para sofocar cualquier tipo de manifestación popular.

"La Presidencia de la República podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuado la estabilidad de la República lo requiera", señala el artículo 94 de la reforma. También faculta al Ministerio del Interior para realizar espionaje a través de la Seguridad del Estado.

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Vigilancia a medios y organizaciones religiosas

El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean "sometidos" а intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.

Asimismo, se establece que "el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias". Sin embargo, la enmienda advierte que "al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, y que "las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero".

Es un nuevo orden constitucional

"La propuesta de reforma, que no es parcial sino total al crear un nuevo orden constitucional en Nicaragua, lo que evidencia claramente es que la dictadura Ortega Murillo se percibe en guerra, a la defensiva y totalmente vulnerable a imprevistos en la historia", dice la activista y opositora Haydée Castillo.

En la reforma enviada por Ortega al Parlamento se modifican 135 de los 202 artículos que tiene la actual Carta Magna, y deroga otros 38. Entre los cambios incorporados están: la ampliación del periodo de gestión gubernamental a seis años, tanto para el Ejecutivo, alcaldes, vicealcaldes, concejales, magistrados, contralores, diputados y fiscal general.

Castillo sostiene que Ortega está enviando un mensaje a la comunidad internacional y es que quiere un país a su medida, sin la intromisión de nadie, aunque eso signifique someter a su población a la esclavitud.

"En segundo lugar, manda un mensaje a la comunidad internacional, al multilateralismo, expresando cómo una familia puede en pleno siglo XXI tomarse por asalto a un país y someterlo a la esclavitud y a su voluntad", afirma la opositora.

Haydeé Castillo considera que estas reformas representan una interpelación para los líderes opositores, económicos y sociales para que sean capaces de poner fin a la dictadura porque no solo pone en peligro a los nicaragüenses, sino a toda la región centroamericana.

Danny Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos, radicado en Argentina, considera que el dictador Daniel Ortega está eliminando cualquier tipo de participación democrática de los partidos políticos bajo la amenaza de cárcel.

"La reforma constitucional es una distorsión del texto. Desde Calidh nosotros ya habíamos advertido el carácter represivo que había adquirido la reforma cuando constitucionalizaron el tema de la traición a la patria, la apatridia, y la reforma de la naturaleza y el mandato de la Policía Nacional", dice.

Estado-familia

La Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a la comunidad internacional a estar atenta al nuevo modelo Estado-Familia que pretende instaurar Ortega en Nicaragua, con la eliminación de la constitución de un Estado democrático por un modelo autoritario de "estado revolucionario".

Sobre el "estado revolucionario", Ramírez Ayerdis considera que se trata del discurso "furibundo y trasnochado" del dictador y su mujer para defender sus atrocidades en el ámbito internacional. 

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Asimismo, la UNAB advirtió que Ortega está subordinando al Ejército y la Policía como cuerpos armados partidarios a la orden de una familia y suman a la "Policía Voluntaria" o paramilitares dentro de esa estructura de represión.