Ortega prepara la sucesión dinástica en Nicaragua con reformas constitucionales

La reforma a la Constitución Política enviada por la dictadura a la Asamblea Nacional instaura un modelo disnático en Nicaragua y asegura la sucesión directa de la familia Ortega-Murillo, afirman expertos consultados por DESPACHO 505.

Los expertos consideran que no se trata de una "reforma parcial", como la anuncia el oficialismo, sino de un cambio total del modelo constitucional porque impone una dinastía familiar, somete a los poderes del Estado a la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, rompe los derechos fundamentales de los nicaragüenses y somete al Ejército. También crea la "Policía Voluntaria", nombre con el que el dictador identificó a paramilitares que reprimen a los nicaragüenses desde el 2018.

Según la reforma, se creará un Estado "revolucionario" dirigido por dos Co-Presidentes, quienes tendrán la facultad de nombrar a los vicepresidentes que deseen sin necesidad de un proceso electoral, lo que coloca a Laureano Ortega Murillo en la primera fila de la lista de sucesión directa.

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"La propuesta de reforma, que no es parcial sino total al crear un nuevo orden Constitucional en Nicaragua, lo que evidencia claramente es que la dictadura Ortega Murillo se percibe en guerra, a la defensiva y totalmente vulnerable a imprevistos en la historia", dice la activista y opositora Haydée Castillo.

Ejército facultado para reprimir

En la reforma enviada por Ortega al Parlamento se modifican 135 de los 202 artículos que tiene la actual Carta Magna, y deroga otros 38. Entre los cambios incorporados están: la ampliación del periodo de gestión gubernamental a seis años, tanto para el Ejecutivo, alcaldes, vicealcaldes, concejales, magistrados, contralores, diputados y fiscal general.

Asimismo, somete al Ejército de Nicaragua y lo convierte, al igual que la Policía, en su brazo represor porque faculta a Ortega a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para sofocar cualquier tipo de manifestación popular.

"La presidencia de la República podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuado la estabilidad de la República lo requiera", señala el artículo 94 de la reforma. También faculta al Ministerio del Interior para realizar espionaje a través de la Seguridad del Estado.

Castillo sostiene que Ortega está enviando un mensaje a la comunidad internacional y es que quiere un país a su medida, sin la intromisión de nadie, aunque eso signifique someter a su población a la esclavitud.

"En segundo lugar, manda un mensaje a la comunidad internacional, al multilateralismo, expresando cómo una familia puede en pleno siglo XXI tomarse por asalto a un país y someterlo a la esclavitud y a su voluntad", afirma la opositora.

Haydeé Castillo considera que estas reformas representan una interpelación para los líderes opositores, económicos y sociales para que sean capaces de poner fin a la dictadura porque no solo pone en peligro a los nicaragüenses, sino a toda la región centroamericana.

Danny Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos, radicado en Argentina, considera que el dictador Daniel Ortega está eliminando cualquier tipo de participación democrática de los partidos políticos bajo la amenaza de cárcel.

"La reforma constitucional es una distorsión del texto. Desde Calidh nosotros ya habíamos advertido el carácter represivo que había adquirido la reforma cuando constitucionalizaron el tema de la traición a la patria, la apatridia, y la reforma de la naturaleza y el mandato de la Policía Nacional", dice.

Estado-familia

La Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a la comunidad internacional a estar atenta al nuevo modelo Estado-Familia que pretende instaurar Ortega en Nicaragua, con la eliminación de la constitución de un Estado democrático por un modelo autoritario de "estado revolucionario".

Sobre el "estado revolucionario", Ramírez Ayerdis considera que se trata del discurso "furibundo y trasnochado" del dictador y su mujer para defender sus atrocidades en el ámbito internacional. 

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Asimismo, la UNAB advirtió que Ortega está subordinando al Ejército y la Policía como cuerpos armados partidarios a la orden de una familia y suman a la "Policía Voluntaria" o paramilitares dentro de esa estructura de represión.