Sumisión de Ortega-Murillo a China al imponer sus empresas tecnológicas como proveedoras del Estado

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola las leyes del país y las cláusulas de los Tratados de Libre Comercio que Nicaragua ha firmado con otros países, con la emisión de una circular administrativa de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) que obliga a todas las instituciones estatales a comprar tecnología fabricada en China, indican los analistas Juan Sebastián Chamorro y Haydée Castillo.

La circular administrativa DGCE-10-2024 a la que se refieren Chamorro y Castillo fue emitida este 15 de noviembre de 2024 y firmada por el director general de Contrataciones del Estado, Nasser Silwany González.

“Todas las entidades y organismos del sector público en general deberán priorizar la adquisición de soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, cuyo país de origen del fabricante sea la República Popular China”, ordena la notificación.

Para Chamorro y Castillo, esta medida de la dictadura debe ser “rechazada” por la ciudadanía porque implica graves consecuencias para la transparencia de los recursos del Estado, ya que promueve la corrupción, elimina el sano principio de la competencia y quita la oportunidad de que se le compre a otros oferentes los mismos productos a mejor precio o mejor calidad, afectando los intereses de la ciudadanía.

“Cuando hay una licitación, se entiende que esa licitación la debe de ganar el que muestre en alguna manera que tiene eficacia, eficiencia, calidad, ver cuánto se ahorra el sistema público, etcétera, porque este es un bien social que pertenece a la ciudadanía y al pueblo de Nicaragua”, indica Castillo.

Por su parte, Chamorro señala que la orden de la dictadura, de imponer como proveedores del Estado solo a las empresas chinas, corta la competencia, porque “el principio de eficiencia en las contrataciones, sean públicas o privadas, es la competencia”.

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Sumisión a China

Por otra parte, agrega Chamorro, que la decisión de la dictadura demuestra “una vez más” que los Ortega Murillo están “sometidos” a los intereses chinos.

“(Los chinos) ya no solo imponen condiciones financieras leoninas, sino que también obligaciones de compras y contrataciones exclusivas para estos señores”, lamentó el economista y excarcelado político.

Chamorro tampoco no descartó que, con la adquisición de tecnología china, la dictadura también busque fortalecer su sistema de espionaje en el país, tomando en cuenta que los chinos son expertos en este tipo de maniobras represivas. “El espionaje chino es posible”, expresó Chamorro.

Grave agresión a los TLC

Imponer a los chinos como proveedores de tecnología de las instituciones estatales es una grave agresión a los Tratados de Libre Comercio que Nicaragua tiene con otros países, especialmente con Estados Unidos, principal socio comercial del país y con el que se tiene firmado el Tratado de Libre Comercio llamado DR-Cafta, por sus siglas en inglés.

“(La circular administrativa) contraviene las cláusulas del Cafta, en las cuales no puede haber una preferencia a ningún tipo de proveedor ni a un tipo de nacionalidad de proveedor. Va en contra de las cláusulas del libre comercio que Nicaragua ha suscrito. Ahí hay un problema”, advierte Juan Sebastián Chamorro.

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Instituciones estatales “cautivas” del mercado chino

El análisis de Castillo es que la medida deja “cautivas” a las instituciones estatales al mercado chino, quitándoles las posibilidades de acudir a otros mercados que sean más favorables.

“Ellos (Ortega y Murillo, a través de la circular) dicen que esta disposición tiene como objetivos reducir riesgos de dependencia de mercados específicos, (pero) prácticamente aquí se está diciendo que el Estado de Nicaragua tiene que ser cautivo de las adquisiciones del mercado chino”, considera la también defensora de derechos humanos.

En este aspecto, Chamorro observa que la decisión acarreará más ineficiencia en el manejo de los recursos del Estado y la factura la termina pagando el pueblo nicaragüense.

¿Qué va a decir el FMI?

Haydée Castillo apunta a lo que pueda decir en sus informes el Fondo Monetario Internacional (FMI) después de la medida de los Ortega Murillo, que promueve la corrupción y elimina la competencia.

“Con esto Nicaragua va a un índice de percepción de corrupción peor que el que mostró en 2023, porque el año pasado Transparencia Internacional ubicó a Nicaragua en los 10 países más corruptos del mundo, que solo se iguala en ese lugar a Corea del Norte”, señaló Castillo.

La decisión es un reflejo “clarísimo”, añadió la defensora de derechos humanos, de lo que implica que en Nicaragua no exista una división de poderes. “Se supone que los otros poderes deberían de ponerle límites al Poder Ejecutivo, pero en Nicaragua todo el mundo depende de los designios de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo”, analizó.

“Aquí prácticamente no existe Contraloría General de la República, no hay auditoría social, porque la sociedad civil, que debe jugar ese papel, ha sido totalmente aniquilada, así como el principio de participación ciudadana en los asuntos de Estado”, finalizó diciendo.

Justificación de la dictadura

Para justificar la orden, Silwany González indica que la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, obliga a las instituciones del Estado a adquirir tecnología de calidad, moderna, de prestigio internacional, con precios competitivos, entre otros, y que esas garantías las ofrece la República Popular China, reconocida por ser líder global en la producción a gran escala y ofrece “precios muchos más competitivos en comparación con otras regiones del mundo”.

Además, recuerda que desde el primero de enero de este año 2024 entró en vigor un Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, el cual tiene entre sus objetivos “promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología entre las partes”.